– Constituida la comisión de expertos para la reforma de la función pública de la Junta.
La futura ley se adaptará a las nuevas competencias asumidas por el Estatuto de Autonomía y los preceptos del Estatuto del Empleado Público
La consejera de Justicia y Administración Pública, María José López, durante la reunión.
La comisión de expertos para el estudio y preparación de la futura ley reguladora del estatuto de los funcionarios públicos de la Administración de la Junta de Andalucía ha mantenido su primera reunión. El objetivo es analizar las nuevas competencias establecidas en el nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía relacionadas con la función pública y el desarrollo de los preceptos del nuevo Estatuto Básico del Empleado Público, con el objetivo final de elaborar un primer borrador de la futura ley.
La Consejería de Justicia y Administración Pública ha constituido dicha comisión de estudio bajo la premisa de que elabore un informe con las propuestas pertinentes de la reforma de la función pública de la Junta de Andalucía. La comisión, atendiendo al principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres, está presidida por Amparo Rubiales, diputada por Sevilla en el Congreso de los Diputados, y compuesta por los vocales Gregorio Cámara, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada; Francisco Prados, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Granada; Mercedes Moya, doctora en Derecho y especialización en Derecho Internacional Privado; y Pedro Pérez González-Toruño, secretario general para la Administración Pública de la Junta. Rocío Marcos Ortiz, secretaria general técnica de la Consejería de Justicia y Administración Pública, ejercerá de secretaria de la comisión.
La comisión seguirá un esquema participativo, articulando los instrumentos necesarios para la participación de las corporaciones locales, organizaciones sindicales y otras organizaciones representativas, adaptando y desarrollando la organización de la función pública de la Administración de la Junta de Andalucía a las nuevas competencias asumidas por el Estatuto de Autonomía y los preceptos básicos del Estatuto del Empleado Público.
El Estatuto Básico del Empleado Público, que se aplicará a 2,5 millones de funcionarios y contratados laborales de la Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales, entró en vigor el 13 de mayo tras su aprobación por las Cortes Generales. Este Estatuto establece que las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, aprobarán las leyes reguladoras de la función pública de la Administración.
Asimismo, el Estatuto Básico, cuyo desarrollo obedece al artículo 149 de la Constitución, establece que los empleados públicos deberán responder de los resultados de su actuación, para lo que se fija la evaluación objetiva del desempeño como elemento clave y mecanismo de modernización. La Ley determina también las normas aplicables al personal laboral y garantiza la aplicación de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso y promoción profesional. Propone, asimismo, la creación de la figura del personal directivo, que introducirá un nivel personal y directo a la hora de responsabilizarse de los resultados de la gestión, y fomentará la mayor implicación en los objetivos del sector público.
