La directora de la Dirección General de Tráfico, María Seguí Gómez, indicó ayer que el 41% de las muertes en accidentes de tráfico en el casco urbano se debe a la no utilización del cinturón de seguridad. Seguí, quien ayer cerró las IX Jornadas de Estudio «El accidente de tráfico y su entorno», que durante dos días se han celebrado en el Centro de Congresos de Elche, con la presencia de más de 300 policías, investigadores, profesores y estudiantes, indicó que esta estadística es «obviamente terrible porque tendría que ser cero». «Puede que haya muertos, pero no debería ser por no llevar el cinturón», añadió.
Antes de que interviniera Seguí, otro de los ponentes, Miguel Olmedo, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada, reiteró que «el no uso del cinturón sigue siendo bastante notable» hoy en día, al tiempo que resaltó que «la salida de la vía es el tipo más frecuente de accidente, debido a una velocidad inadecuada».
También aportó otros datos de interés como que más del 50% de los accidentados tiene más de 45 años y que las cifras de siniestralidad han descendido desde los años ochenta y se mantienen en buenos niveles actualmente.
Por su parte, Fernando Miró, director del Centro Crímina, organizador de estas jornadas y perteneciente a la Universidad Miguel Hernández, llamó la atención sobre el hecho de que «más del 90% de la población no conoce las normas penales efectivamente». Es decir, la gente tiene una idea aproximada de que se le puede aplicar una sanción económica y la retirada de puntos, pero desconoce que superando en 80 kilómetros por hora la velocidad máxima en autovía o tener por litro de sangre 0,6 gramos de alcohol puede suponer cárcel en caso de accidente grave. Posteriormente, María Seguí también reiteró que es patente el escaso conocimiento de las normas de circulación que tiene la población.
Miró también dijo que no hay que centrar la motivación en la intimidación de la sanción. «Lo que intimida es la valoración social, de los terceros, y la desvalorización de nosotros mismos, por eso hay que insistir en la educación», dijo.
Asimismo avanzó que se va a intentar llevar al plano nacional que la persona que juzgue al infractor cuente con una herramienta como ocurre con los casos de violencia de género. Es decir, que tenga información para valorar el riesgo de incidencia, una decisión que debe tomar el juzgado teniendo información sobre si el conductor tiene antecedentes penales, es agresivo, si tiene coche propio, bebe, etc. En definitiva, no sólo contar con la información del atestado sino tener una perspectiva mucho más amplia para tomar la decisión adecuada.
