Liarte asegura que su formación política está estudiando el posible alcance penal de los hechos
Populares en Libertad (PPL) ha acusado al ex consejero de Administraciones Públicas (actualmente de Fomento), Miguel Marín, y a la ex directora general del área (ahora secretaria general de la Delegación del Gobierno), María José Gómez, de urdir una estrategia para evitar que la Asamblea de Melilla examinara una supuesta solicitud de compatibilidad de José María López Bueno.
Según ha explicado el portavoz de PPL, Julio Liarte, el objetivo que ambos perseguían no era otro que el de impedir que su petición fuese rechazada por no cumplir los requisitos previstos por la ley para compatibilizar la presidencia de PROMESA con un puesto de profesor asociado en la Universidad de Granada.
Liarte ha dejado claro que la Comisión de Administraciones Públicas tenía que haber visto el expediente de compatibilidad de López Bueno, sin embargo el asunto no fue puesto nunca en su conocimiento «por una razón muy sencilla: la presidencia de PROMESA es un cargo incompatible con cualquier otro público o privado».
El diputado liberal ha recordado que el cargo de presidente de la sociedad pública es de dedicación exclusiva y se ha referido al artículo 18 de los estatutos de PROMESA, donde se establece que «su presidente cobrará una retribución equivalente a la de los miembros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla siempre que tenga dedicación exclusiva», y por ello, percibe unos 60.000 euros anuales.
Sin embargo, a pesar de esta norma, Liarte asegura que Miguel Marín ejecutó un plan para que en la Comisión o en el Pleno de la Asamblea no se debatiera sobre la imposibilidad de que López Bueno simultaneara dos puestos púbicos. «El plan consistió en elaborar dos informes: en el primero firmado por la directora general de Administraciones Públicas, María José Gómez, se fundamentaba que el consejo de Administración de PROMESA era el órgano competente para resolver la incompatibilidad de su presidente, y, en el segundo, redactado por el bufete de abogados Sánchez Cano, S.L., se afirmaba que López Bueno cumplía los requisitos para obtener la compatibilidad».
Ante estos hechos, PPL está estudiando el posible alcance penal de estos dos dictámenes «hechos a medida» para que el Consejo de Administración de PROMESA, con los únicos votos de Miguel Marín y de Mari Carmen Dueñas, concediera la compatibilidad a López Bueno. Según Liarte, «se trata de un nuevo escándalo protagonizado por Miguel Marín que sólo puede resolverse con su cese y el de López Bueno, por lo que se insta a Imbroda a que lo solucione en el ámbito político a fin de evitar la intervención de los tribunales».
