stablecer mayores controles y filtros por parte de la administración podría contribuir a paliar e impedir procesos de delincuencia y corrupción urbanística y evitar que la respuesta a los mismos, de gran relevancia social y económica, no siempre tuviera que producirse desde el ámbito del derecho penal.
Esta es una de las principales reflexiones de los expertos, juristas y profesores, que participan desde hoy y hasta mañana en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada en el congreso «Delincuencia urbanística y corrupción política».
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, que ha inaugurado el simposio, ha advertido sobre la importante necesidad de establecer mayores «filtros administrativos» previos que impidieran el surgimiento de conductas urbanísticas inadecuadas.
Pese a esta necesidad, ha señalado que no debe trasladarse a la sociedad una sensación de inseguridad jurídica sobre esta materia, ya que los jueces investigan y se celebran juicios al respecto y no puede concluirse que España sea un país, ha añadido, donde «campea» la corrupción, puesto que esa «no es la regla ni la tónica».
Además se ha referido a la importancia que tiene la independencia judicial, no sólo por la condición personal del juez, sino desde su componente institucional respecto a la administración prestacional que le provee de medios.
En un sentido similar se ha pronunciado por su parte el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada Lorenzo Morillas, quien ha reflexionado sobre la pertinencia de buscar «una alternativa intermedia» entre sistemas como el alemán y el español.
El profesor ha recordado que en países como Alemania la utilización del derecho administrativo se prima frente al penal para la solución de posibles infracciones urbanísticas, a diferencia de España, donde se va hacia un ámbito punitivo «cada vez más expansionista».
«A lo mejor no todo tiene que llegar al ámbito penal y no pasa nada», ha dicho Morillas, quien ha insistido en que para eso está la vía administrativa que puede llegar a ser realmente contundente y eficaz, de modo que el derecho penal se circunscriba a los hecho más graves.
En cualquier caso, ha enmarcado el endurecimiento de los castigos que existe en España ante la proyección que han tenido hechos delictivos desde el punto de vista social y económico y que también han sido «un factor importante» en la que crisis que se padece en estos momentos.
Asimismo ha señalado que España no se encuentra en niveles «excesivamente altos» de corrupción política y que existen otros países que sí cuentan con índices mayores especialmente en sus sectores públicos.
Entre otros temas, el congreso abordará el macroproyecto urbanístico Los Merinos Norte en Ronda (Málaga) desde un análisis socio-jurídico, la protección penal del patrimonio histórico o la financiación municipal y su relación con la corrupción.
También tendrá cabida la corrupción urbanística desde la perspectiva del derecho administrativo, relacionada con el medio ambiente y los problemas prácticos de la investigación criminal vinculados al urbanismo.
