Tres edificios del PTS ‘funcionan’ sin licencia de primera ocupación

Corría noviembre de 2008 y el Ayuntamiento de Armilla tenía prisa por terminar de urbanizar el Parque Tecnológico de la Salud (PTS). Varios de los edificios ya construidos necesitaban la licencia de primera ocupación para empezar a funcionar pero el retraso en finalizar la urbanización del complejo emergía como un obstáculo insalvable.
Para salir del aprieto, el Ayuntamiento, gobernado entonces por el socialista Gerardo Sánchez, optó por dos soluciones. La primera, pedir con carácter de urgencia una subvención a la Junta para ejecutar esa tercera y última fase de urbanización. La agencia IDEA la concedió, por importe de 450.000 euros, y el asunto ha acabado en los tribunales, concretamente en el juzgado de instrucción número de 4 de Granada que investiga las presuntas irregularidades cometidas en su utilización.
La segunda solución no ha acabado en el juzgado pero resulta, cuando menos, llamativa. El Ayuntamiento permitió que varios edificios empezaran a funcionar directamente sin licencia de primera ocupación o, en su defecto, «la concedió de manera irregular puesto que las infraestructuras de saneamiento necesarias para ello están sin recepcionar definitivamente por parte de la empresa suministradora».
Así lo recoge un informe elaborado por técnicos del Ayuntamiento y aportado a la investigación al que ha tenido acceso IDEAL. El documento es tan extenso como minucioso y detecta numerosas anomalías en la urbanización del PTS, algunas ya certificadas por el Seprona a instancias del juez instructor y otras más o menos desconocidas hasta ahora. Entre las primeras, que las obras correspondientes a la red de saneamiento no están terminadas, que las aguas de todo el PTS vierten a las acequias o que no se ha cumplido la finalidad para la que se solicitó a la Junta la subvención de 450.000 euros. Entre las segundas, que el Ayuntamiento armillero ya reconoció en 2008 la existencia de vertidos irregulares de aguas residuales o que un análisis de las obras ejecutadas al amparo de la citada subvención acredita un gasto muy inferior a 450.000 euros.
Tres edificios del PTS funcionan desde hace casi una década sin contar con licencia de primera ocupación. En concreto, el Centro medular de laboratorios multifuncionales de investigación, el Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neyra y el Centro europeo de empresas e innovación, conocido por el acrónimo CEEI. Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, la tipología de los dos primeros es ‘docencia e investigación’. Del primero se desconoce cuándo comenzó a funcionar mientras que la licencia de actividad del segundo data del 12 de mayo de 2004. En cuanto al CEEI, la licencia de actividad se otorgó el 4 de junio de 2003. Ninguno de los tres tiene licencia de primera ocupación.
El informe precisa también que la licencia de otros tres edificios (Instituto internacional de flebología, Laboratorio en I+D+I en prevención de riesgos laborales y el edificio de Ibermutuamur) se encuentra «en ejecución». Los otros edificios que sí tienen licencia (Novocampus, Gómez Jiménez, Comarex, etc.) la recibieron indebidamente ya que Emasagra no ha recepcionado la red de saneamiento y, por tanto, la urbanización está incompleta.
Con urgencia
El informe llama la atención sobre que el Ayuntamiento justificara la urgencia para tramitar la ayuda por la necesidad de terminar las conducciones y eliminar cuanto antes los vertidos irregulares, pero que dos años y medio después certificara el final de la obra sin que se hubiese construido esa red de tuberías.
Los técnicos que han redactado el documento ponen también el acento en las certificaciones de obra. Citan partidas de obra que han sido certificadas, aprobadas y abonadas, y que no se han ejecutado (margen izquierdo del río Monachil y calle Talleres el Ángel, entre otras) y partidas de obra certificadas en la tercera fase de la urbanización pero que ya habían sido certificadas, finalizadas y recepcionadas con anterioridad.
«Tras analizar las certificaciones con las cuales se justificó la subvención y teniendo en cuenta la realidad actual de las obras, podríamos justificar aproximadamente una cantidad de 273.835 euros, en lugar de los 451.380 euros», sentencia el informe.
Otra de las anomalías detectadas se refiere a la petición de una prórroga para justificar la subvención, una petición incongruente con otra paralela del Ayuntamiento para que se le abonará el 25% pendiente de la ayuda. «Desde el 12 de abril de 2010, el Ayuntamiento de Armilla intentó justificar la subvención afirmando que las obras ya estaban terminadas (para así cobrar ese 25% pendiente) por lo que resulta realmente extraño que casi un año después se realice una solicitud de prórroga en la justificación de la subvención», concluye.
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