Nueva protesta. Concentración de 30 minutos convocada por FETE-UGT de la Universidad de Granada (UGR), ante la Facultad de Derecho. Esta concentración se enmarcaba en la jornada de paro técnico en la Universidad granadina, que se viene realizando todos los miércoles en la puerta de los centros. En esta ocasión, por tratarse de un centro universitario, la protesta se dirigió principalmente al equipo de gobierno de la Universidad de Granada, aunque no exclusivamente.
Durante la concentración se leyó un manifiesto por parte de Mª José Fernández Pavés, profesora de la Faculta de Derecho y miembro de la junta de personal docente e Investigador. El manifiesto se entregó en el registro del Rectorado de la Universidad.
Ha sido la cuarta jornada, desde enero, de la nueva etapa del paro técnico. La protesta se inició en el mes de septiembre de 2012 a propuesta de FETE-UGT de la UGR; y está dirigida contra los recortes a los empleados y a las Universidades Públicas, de todos los gobiernos, estatal, andaluz y de la propia Universidad de Granada.
La próxima concentración tendrá lugar el miércoles día 20 de febrero, ante la subdelegación de Gobierno, centrada en la «corrupción y el fracaso de la reforma laboral».
La principal demanda del paro técnico es la retirada de las leyes, decretos y normas que han dado lugar a la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos, que ya es superior al 30%; el recorte adicional del 5% en la nómina para el 2013; la congelación de las plantillas ; el despido libre; el aumento de la jornada laboral; la sobrecarga horaria del PDI; el control presencial del PAS; el incremento de las tasas y el recorte de las becas; el bloqueo de las promociones de los Ayudantes Doctores y el resto del PDI; y el despido de los Investigadores , según denuncia FETE-UGT.
MANIFIESTO POR LA UNIVERSIDAD PÚBLICA Y EL DIÁLOGO
En esta semana de Paro Técnico, la Facultad de Derecho y la simbólica Plaza de la Universidad se convierten en los referentes de la protesta contra la política de recortes de los distintos gobiernos a todo lo público, especialmente a las Universidades.
Con el Paro Técnico hemos denunciado los excesos del gobierno central y el Partido Popular; no tenemos ninguna duda que son el origen de todos los recortes, y son los más peligrosos para el futuro de la Universidad.
Pero, también estamos denunciando el acompañamiento, sino la complicidad, a veces mostrada desde el gobierno andaluz y desde el rectorado de la Universidad de Granada.
Los sucesivos Decretos-leyes que desde diciembre de 2011 ha ido promulgando el gobierno de Rajoy, han supuesto una agresión sin precedentes contra la Universidad como servicio público; los daños que han provocado son evidentes: la congelación de las plantillas, el bloqueo de las promociones del profesorado y del PAS, el aumento de la jornada laboral, el despido libre, el incremento de tasas y la reducción de las becas. Pero, la agresión no ha acabado, nos tememos que esas medidas sean la antesala de algo peor por venir. La Ley de Universidades con las que nos está amenazando el ministro Wert, puede ser el paso definitivo para desmantelar la Universidad Pública.
Esperábamos más de nuestros gobiernos andaluz y universitario. El primero, ha optado por la vía colaboracionista, amparándose en el débil argumento del «mal menor»; convirtiéndose así en cómplice del gobierno del PP. Ha decidido castigar a los empleados públicos con el recorte en su salario mediante la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, calcando el modo de proceder del gobierno al que dice oponerse. Asimismo, el bloqueo de las plazas de promoción de los profesores contratados o el recorte en la investigación, en particular en los contratos de los investigadores, les coloca en una línea clara de complicidad con el gobierno central.
Del equipo de gobierno de la Universidad de Granada esperábamos más, esperábamos, y seguimos esperando, que sea el primer dique de contención contra las agresiones a la Universidad Pública. En lugar de ello, y también excusándose en el «mal menor» y la «obediencia debida», más allá de una interpretación positiva para el trabajador de las leyes injustas; ha mostrado una diligencia en la aplicación de los Decretos que, a veces, ha ido más allá de lo preceptuado por el propio gobierno central, como ha ocurrido con la sobrecarga horaria del profesorado.
Desde enero del año 2011, cada Real Decreto-Ley ha provocado el enfrentamiento con los representantes de los trabajadores de la Universidad de Granada, que han tenido que movilizarse, por primera vez en mucho tiempo, contra el rectorado para corregirlos.
La jornada laboral, el intento de jornada partida para los funcionarios, la imposición del control presencial, la sobrecarga de los 32 créditos, la eliminación de la paga de navidad de los investigadores, la pobreza del plan propio de becas…, son algunos de los hechos que delatan las formas, no siempre afortunas, de hacer del rectorado.
Es cierto que otras veces, una vez corregidos por las movilizaciones, han mostrado firmeza, como con las plazas de titulares y catedráticos, o con la defensa de los investigadores, en esos casos nos han tenido a su lado. Pero queremos que estemos juntos siempre, defendiendo a la Universidad Pública, y no ocasionalmente y tras desafortunados y no deseados conflictos.
Lo que esperamos de nuestro Rector es fácil: diálogo permanente y negociación real con los representantes de los trabajadores. Los interlocutores rectorales deben entender lo que significa exactamente «diálogo» y «negociación real», y a los actuales le cuesta.
Exigimos a todos los gobiernos la retirada de las Leyes y Decretos que castigan a las Universidades y a los empleados públicos; y al gobierno de la Universidad de Granada, que defienda a los trabajadores, colocándose sin ambigüedades al lado de sus representantes y enfrente de los que quieren liquidar a la Universidad Pública.
