TRIBUNAABIERTA
Arde París
ARMANDO SEGURA/CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
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LA ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento, dice uno de los primeros artículos del Código Civil que, como es sabido, establece en sus preliminares principios válidos en general para los demás códigos.
A primera vista parece una barbaridad. Si se cae en la cuenta de que cualquiera puede alegar ignorancia ya no lo es tanto. Las leyes no podrían aplicarse nunca si la excusa de ignorancia fuese tenida en cuenta.
La legalidad internacional establece el derecho de los padres de elegir la educación que prefieran para sus hijos según sus opiniones pedagógicas, su ideología o su religión. La legalidad nacional, en su norma constitucional, que es ley de leyes, no es ambigua en este punto.
A pesar de todos estos antecedentes que responden a criterios derivados de las Declaraciones de Derechos Humanos, los políticos pueden aprobar una Ley de Educación (LOE) que obliga a todos los padres españoles a enviar sus hijos a escuelas e institutos que consagran como ideal pedagógico el fracaso escolar.
Pague usted sus impuestos para esto. Envíe usted a sus hijos al centro que quiera (y pueda), que se encontrará con un alumnado en formación y en trance de maduración, a quienes leen todos sus derechos y callan todos los deberes, en donde hace falta ser heroico para aprender (y enseñar) en un ambiente de pasividad e inercia fomentado por la Ley.
Estamos de acuerdo en que el Estado tiene el derecho de fijar unas condiciones de calidad mínimas, por debajo de las cuales un centro no tendrá autorización para impartir enseñanzas oficiales. Lo que no estaba previsto es que el Estado establezca condiciones por encima de las cuales el enseñar y el aprender entran en la ilegalidad o incluso en la delincuencia. O acepta usted la enseñanza bajo mínimos o le declaro fuera de la Ley.
Algunos políticos, los que saben leer, se han leído a Foucault y han aprendido que vigilar y castigar es la esencia de la educación burguesa cuya únicas misión es mantener los niveles jerárquicos en una sociedad injusta. El maestro en la escuela, el macho en el matrimonio, el policía en el barrio y el jefe de gobierno en el mismo gobierno, deben invertir sus papeles. El educador debe ser educado, el macho debe ser sometido, el vigilante debe ser vigilado y el jefe de gobierno debe ser gobernado.
El verdadero problema surge cuando «María Cristina me quiere gobernar». Estoy dispuesto a seguirle la corriente, pero entonces enarbolaré, cogeré los panfletos canónicos, consagrados por la crema europea de la intelectualidad, de Foucault, Deleuze, Derrida, etc. y, con ellos en la mano, alegaré indefensión frente a la hembra que somete, el colectivo que acosa, la calle que amenaza, donde los únicos respetados son los capos de la mafia, cuyos niveles de renta son envidiados por la generalidad de los ciudadanos.
El Estado debe regular los mínimos y le pagamos para que lo haga. No puede de ninguna manera infringir la norma comunitaria y la norma constitucional española, exigiendo una enseñanza bajo mínimos, una enseñanza en donde los delincuentes no precisan aprender las leyes, no sea se aperciban de que están a su favor.
El espectro de la ignorancia atraviesa Europa. Arde París, y las fuerzas del orden ni son fuerzas ni son del orden, porque todos han leído que son culpables y que castigar al culpable lo criminaliza, mientras que castigar al inocente no es sino una humanitaria discriminación positiva. Pues los ciudadanos inocentes lo tienen todo y los culpables, se merecen lo mejor.
Arde París y Europa se estremece.
Salvo en Madrid, donde la normalidad más absoluta manifiesta la ignorancia de las leyes de la que alardean políticos y parlamentarios.
No se cumplen las leyes porque no se cumple la voluntad popular, porque se le esconde una reforma constitucional bajo el primoroso detalle de abolir la Ley Sálica y se esconde, porque saben que si convocan un referéndum sobre estas y otras cuestiones que están en juego, lo pierden.
Las televisiones nos informan al detalle de la gripe del pollo y de las tormentas tropicales. También abundan en asesinatos truculentos. Pero carecemos de información sobre lo más elemental.
¿Acaso la Ley de Ordenación de la Enseñanza está calculada para conseguir todos estos objetivos? ¿O quizá se trata de que los ciudadanos no sepan leer, contar y escribir, para que no lean ni cuenten ni escriban?
¿Arde París? Es tiempo de aprender todavía.
