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PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA
«La próxima vez nos vemos en el juzgado»
Francisco Ruiz Dávila (PSOE) y Luis Gerardo García-Royo (PP) mantienen un agrio enfrentamiento en una tensa sesión que acabó con malas caras, reproches y enfado general
C. MORÁN/GRANADA
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Mal rollo, muy mal rollo. Las diferencias entre el equipo de gobierno del PP y la oposición municipal (PSOE e IU) han adquirido la categoría de abismo. Como prosiga la escalada de tensión, la actividad política en Granada va a acabar pareciéndose a un campo de batalla agujereado por las trincheras y sembrado de alambre de espino. De hecho, esa estampa ya pudo vislumbrarse en la parte final del pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento de Granada.
Francisco Ruiz Dávila (PSOE), ex concejal de Urbanismo, y su sucesor en el cargo, el teniente de alcalde Luis Gerardo García-Royo (PP), sostuvieron un tenso duelo dialéctico que dinamitó la sesión plenaria cuando todo apuntaba a que la cosa iba a acabar con sosiego. No fue así. Los hechos se sucedieron de esta forma: Ruiz Dávila, en una interpelación a García-Royo, expresó su incredulidad ante el anuncio del Ayuntamiento de que va a poner un millón de metros cuadrados a disposición de la Universidad de Granada.
EPSA y el ferial
Tras acusar los socialistas de querer llevarse la institución académica a los municipios que controlan, García-Royo encendió la hoguera de la polémica. «Lo que yo nunca haría, señor Dávila, sería vender a la empresa para la que había trabajado terrenos a ocho mil pesetas el metro cuadrado».
García-Royo aludía de esta forma a la condición de Ruiz Dávila de ex gerente de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) en Granada, puesto que dejó para ser el concejal de Urbanismo con el tripartito. Fue entonces cuando el gobierno municipal, pero con el beneplácito del propio PP, acordó vender el ferial de Almanjáyar a EPSA, operación a la que se refería García-Royo. Ruiz Dávila, profundamente indignado, dijo que era la tercera vez que García-Royo le acusaba de prevaricar -dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es- y expresó su hartazgo por las imputaciones de su rival.
El PSOE pidió amparo al alcalde, el popular José Torres Hurtado, con la esperanza de que éste solicitase una rectificación a García-Royo. El regidor se limitó a ceder la palabra a García-Royo. «Si he dicho algo que no sea cierto, estoy dispuesto a retirarlo», retó el máximo responsable de Urbanismo.
Otro edil del PSOE, Carlos Hita, en lugar de exponer el asunto que tenía preparado, recordó que la venta del ferial a EPSA fue aprobada por el PP. El alcalde le retiró la palabra.
A su vez, Lola Ruiz Domenech, de IU, quiso ceder su turno a Hita para que se explicase. Torres Hurtado no se lo permitió y, por añadidura, Ruiz Domenech también se quedó sin hablar. Resultado: malas caras, reproches y enfado general. «No se lo voy a consentir más: la próxima vez nos vemos en el juzgado», murmuraba Ruiz Dávila antes de abandonar el salón de plenos.
Antes de ese agrio lío, el PP había aprobado su moción contraria al proyecto de Estatut de Cataluña. Durante su defensa de la propuesta, el concejal de Presidencia, Sebastián Pérez, justificó de esta forma la oportunidad de debatir ese asunto, de carácter nacional, en el Ayuntamiento de Granada: «Ante un documento tan insolidario, desigual y que rompe el consenso constitucional, es lógico que Granada, una ciudad que se encuentra en la cola de España en muchos aspectos, se pronuncie en contra», argumentó Pérez.
Para la oposición, la iniciativa del PP fue un despropósito.
