provincia andaluza en número de recursos, obviamente, por detrás de la central administrativa de Sevilla (12.358). De esos 4.455 empleados, 1.918 son funcionarios, 1.951 laborales fijos, 176 interinos y 410 laborales temporales.
El músculo de la Junta ha crecido demasiado. El gobierno andaluz publicó un decreto el 27 de julio en el que reestructuraba la panoplia de empresas paralelas. «El CSIF, que es mayoritario, se quedó al margen. Fue una traición», valora Mercedes Casares. El planteamiento es suprimir o absorber 111 sociedades y agruparlas en diez grandes entes. La justificación es el ahorro.
Los trabajadores que se concentran todas las mañanas en Almanjáyar lo ponen en duda: «Esto es sólo el principio de lo que se avecina. El ahorro económico que alega la Junta es de cero euros. La mayoría del personal que van a integrar en la Administración tiene unos salarios mucho mayores que los del resto de empleados públicos y una afiliación política clara», se queja una funcionaria.
La protesta ha sido de tal calibre que la Junta se ha visto obligada a remendar ese decreto. Y en ello está todavía.
La polémica estriba en resolver qué sucede con el personal de esas empresas que desaparecen y qué pasa con los funcionarios que se tienen que integrar en alguno de los nuevos entes pseudoprivados. María Teresa Merlo (CSI-CSIF) calcula que esta incertidumbre afectará en Granada a las delegaciones de Asuntos Sociales (300), Agricultura (200), Obras Públicas (250), Medio Ambiente (450) y a otros 300 empleados. En total, 1.500 trabajadores entre personal laboral y funcionarios.
Merlo critica que las empresas satélites que ahora se han hecho ingobernables durante mucho tiempo han ido «usurpando» tareas a los funcionarios. «En Innovación, se contrató a una empresa y, desde hace cuatro años, a los informáticos ya no les llaman ni para cambiar una torre», pone de ejemplo.
¿Privatización de Correos?
Los trabajadores de Correos también tienen la mosca detrás de la oreja por la nueva Ley Postal que saldrá en breve del Congreso. En Granada quedan 1.168 empleados, de los que 650 son laborales y el resto funcionarios de carrera. Jesús Pérez (CC OO) advierte de que si los operadores privados entran en el servicio de notificación, en los giros y pueden usar la red postal pública sin pagar tasas, en un año se perderán 500 puestos de trabajo en la provincia porque no tendrán qué hacer. Los laborales (650) no podrán integrarse en otros ministerios.
La situación que se vive en la Junta y en algunos organismos del Estado no corre todavía el riesgo de extenderse a la administración local, donde el verdadero quebradero de cabeza está en reunir dinero para abonar las nóminas: el Ayuntamiento de Alhendín (138 empleados) ha terminado de pagar el sueldo de este mes el día 15.
La administración local tiene 15.810 trabajadores en la provincia, entre los que hay 1.227 policías locales. El Consistorio de la capital cuenta con 2.333 empleados, incluidos policías y bomberos. En tareas administrativas hay muy pocos laborales: medio centenar. «Acabamos de aprobar las bases para que consoliden sus plazas por pruebas de promoción interna. Lo que va a hacer la Junta es otra cosa, meter por ‘cocotazo’ a 35.000 laborales», denuncia el edil de Personal, Juan Antonio Fuentes.
La Diputación tiene una plantilla de 1.615 trabajadores, donde abundan los funcionarios (404) y laborales fijos (49) del grupo C1 -con un sueldo y complemento de destino base de 1.092 euros-; los A2 (279), 1.376 euros; y A1 (60), 1.618 euros.
Pagar según se trabaje
Pero los salarios, pese a estar tasados, no son una ciencia exacta. El complemento de destino puede suponer por sí solo hasta 1.018 euros. Se le pueden añadir distintos complementos específicos: peligrosidad (109-232 euros); tarde (50-78); o domingos y festivos (25-32), entre otros. Eso provoca que, aunque las tablas sean las mismas, dos funcionarios de la misma categoría no cobren igual en dos administraciones diferentes. «¿Por qué? No lo sé contestar. Un profesor cobra menos en Andalucía que en Cataluña y un grupo B de la Junta más que uno del Gobierno», contesta Mercedes Casares.
Por si el ambiente no estaba suficientemente caldeado, el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, introdujo esta semana otro asunto espinoso: pagar según se trabaje. Hasta los sindicatos en teoría más próximos se muestran reacios. Juan Martín, de la Federación de trabajadores de la Enseñanza (FETE-UGT) lo ve una «provocación después del recorte de sueldos, máxime cuando se han incumplido pactos que había ya firmados firmados sobre retribuciones». Antonio Camacho, de la Federación de la Servicios Públicos (FSP-UGT), lo tacha de cortina de humo: «Se está cobrando el complemento de productividad desde hace años en muchos sectores. Y, por cierto, con poca objetividad, ya que se favorece con demasiada frecuencia al personal de alta dirección, desvirtuando su teórica función».
La mayor ‘empresa’ de Granada está en pie de guerra.
