Provincia
La justicia no ve delito en dos actuaciones del alcalde de Lanjarón y el ex regidor de Castril
La Fiscalía archiva las diligencias contra José Rubio por supuesta prevaricación Joaquín Fernández es absuelto de un delito contra el patrimonio arqueológico
R. VÍLCHEZ Y J. UTRERA/LANJARÓN Y CASTRIL
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La Fiscalía del TSJA ha archivado las diligencias de investigación abiertas para averiguar si el alcalde de Lanjarón, José Rubio (PP), pudo incurrir en un delito al pretender recalificar suelo urbanizable en industrial que, en parte, es de su propiedad. El archivo obedece, según una información a la que ha tenido Efe, a que la recalificación aún no se ha llevado a cabo, por lo que los hechos carecen de relevancia penal, según informó ayer el Ministerio Público.
La investigación se inició el 10 de octubre de 2005, después de que Rubio reconociera públicamente que era el propietario de dos parcelas de 15.000 metros cuadrados de suelo industrial en aquel término municipal que iban a ser objeto de recalificación urbanística «que supondría una espectacular revalorización del terreno», según la misma fuente.
Investigación policial
Las gestiones realizadas por la Policía Judicial han permitido establecer que Rubio es dueño de 14.731 metros cuadrados de la parcela conocida como Paraje Fuente Aporta, calificada como urbanizable para uso industrial.
Además, también se ha comprobado la existencia de gestiones desarrolladas con personas profesionalmente vinculadas con negocios inmobiliarios «que solicitaron información de la Alcaldía para conocer la disponibilidad de terrenos donde construir una urbanización».
Sin embargo, a día de hoy, no se ha procedido a la recalificación de las parcelas mencionadas ni consta proyecto alguno en el Ayuntamiento, según certificado del secretario del Ayuntamiento de Lanjarón, por lo que los hechos carecen de relevancia penal, «con independencia de que en el futuro las decisiones que puedan adoptarse relacionadas con estos hechos puedan ser objeto de nuevo análisis por el Ministerio Fiscal».
Absolución en Castril
También ayer se dio a conocer que el juzgado Penal 2 ha absuelto de un delito contra el patrimonio al ex alcalde de Castril Joaquín Fernández y los ediles que formaban su equipo de Gobierno, para los que el fiscal pedía año y medio de prisión por permitir unas obras en un castillo que afectaron a un yacimiento arqueológico.
En 1999, el edil del Grupo Independiente José Juan López denunció ante la Fiscalía al equipo de Gobierno de Castril por adjudicar unas obras para la construcción de un mirador y un paseo en un castillo medieval protegido, que carecían de licencia municipal y que no contaban con la preceptiva autorización de la Consejería de Cultura de la Junta, que inventarió en la zona un yacimiento arqueológico en 1994.
En la sentencia, a la que tuvo acceso Efe, el juez basa su decisión en que los informes elaborados por expertos de la Universidad de Granada, la Diputación y al Consejería de Cultura «no arrojan como resultado concluyente que las obras causaran daños en un yacimiento arqueológico».
Además, señala el juez, «las obras no se realizaron dentro del perímetro del yacimiento catalogado por Cultura en 1994», lo que debe llevar a la absolución de los acusados, sin perjuicio de «reprochar» que las obras si hicieran sin autorización de Cultura y sin licencia municipal.
