GRANADA
La formación educativa para menores con delitos leves suplirá a los internamientos
La consejera de Justicia aboga por evitar las medidas carcelarias Un curso analiza los derechos de la infancia en la Facultad de Derecho
J. R. V./GRANADA
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Los derechos del menor son papel mojado en esas partes del planeta donde 340 millones de niños están sin escolarizar, donde 250 millones acuden cada día al tajo para fabricar productos que más tarde se venden a bajo coste en Occidente o donde cada año se introducen en la prostitución un millón de niños. La vida de los menores no vale lo mismo en todas las partes del mundo, pero incluso en la más desarrollada hay «serios problemas». Así lo dijo ayer el profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada Francisco Valls durante la inauguración del curso sobre los derechos de la infancia, organizado por la ONG Save The Children, y que se celebra en la Facultad de Derecho hasta el próximo viernes. «Sólo en Francia existen 83.000 niños en situación de riesgo», dijo.
El curso, dirigido a estudiantes universitarios que en el futuro ejercerán la abogacía o de jueces, pretende radiografiar la realidad del menor para sensibilizar a estos futuros profesionales sobre los derechos de esta población.
Un colectivo, la infancia, que «ha dejado de ser previsible como pasaba hasta hace poco tiempo debido a los nuevos escenarios sociales», donde cambiar de padres, de tíos o de familia, resulta fácil gracias al divorcio o la separación.
Consenso entre iguales
El responsable de formación de Save the Children en España, Juan Guilló, defendió la necesidad de recurrir al consenso «entre iguales» para arbitrar soluciones a la violencia escolar. En esta línea, exigió mayores dosis de protagonismo para los niños, así como nuevos espacios comunes para los hijos y padres donde puedan compartir el tiempo que las obligaciones laborales suelen robar a las relaciones familiares. «No es culpa de los padres, sino del mercado laboral este tipo de situaciones», dijo.
La consejera de Justicia, María José López, fue la primera ponente en referirse a la Ley de protección jurídica del Menor, descargando una batería de propósitos para cuando empiece a aplicarse el nuevo reglamento a partir de marzo del próximo año. «No vamos a escatimar esfuerzos en los recursos para recuperar al máximo número de menores con problemas judiciales». López anunció que las medidas educativas y de formación sociolaboral se convertirán en la alternativa al internamiento en centros, «salvo en aquellos delitos graves que por cuya gravedad resulte imposible». En este sentido, Guilló elogió la norma andaluza y reconoció que hacen falta muchos medios para hacerla efectiva.
La ONG Save the Children, dedicada desde 1919 a la defensa y promoción de los derechos de la infancia, trabaja en Granada en la atención educativa a niños enfermos que no pueden acudir a la escuela y que ya han abandonado el hospital. Cada año atienden a una media de 15 chavales, mientras que en el resto del Estado la cifra asciende a 2.000. Así llevan desde que terminó la primera Guerra Mundial.
