La Fiscalía del Estado se ocupará de la denuncia contra la Real Academia de la Historia

La Fiscalía Superior de Andalucía ha dejado en manos de la Fiscalía General del Estado la denuncia presentada por un grupo de ciudadanos de Granada para que se investigasen los contenidos presuntamente injuriosos que recogería el Diccionario Biográfico Español, una obra promovida por la Real Academia de la Historia (AH) en la que determinados autores, supuestamente, intentarían justificar el «genocidio franquista». En un decreto, el Fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón, admite que la denuncia ciudadana tiene «evidente trascendencia», pero aclara que los hechos «exceden completamente de su ámbito de actuación, por cuanto afectan a todo el Estado».
De ahí que opte por no entrar en el fondo de la cuestión y acuerde remitir la denuncia «a la Fiscalía General del Estado, a través de su Secretaría Técnica para que pueda llevar a cabo la valoración pertinente trasladándola, si lo estimara oportuno, a la Fiscalía territorial que corresponda».
En el decreto, la Fiscalía Superior de Andalucía recuerda que el Diccionario Biográfico Español es un proyecto lexicográfico «extraordinariamente ambicioso iniciado en 1999 que alcanzará un total de 40.000 biografías» y destaca que RAH es «una institución con personalidad jurídica propia y capacidad de obrar que tiene como finalidad primordial la de ilustrar e investigar el pasado».
Autores «responsables»
García Calderón subraya expresamente al artículo 19 de los estatutos de la RAH, que se refiere a «la responsabilidad de los autores de las obras publicadas, señalando que los autores de las obras que la Academia publique serán responsables de su contenido. La Academia, al imprimirlas, sólo reconocerá que son merecedoras de ver la luz pública».
El decreto de la Fiscalía Superior de Andalucía responde a la denuncia presentada por un grupo de ciudadanos de Granada, encabezada por el catedrático de Lengua de la Universidad de Granada Emilio García Wiedemann, y suscrita por más de 800 personas, en la que solicitaban que se abriera una investigación para exigir responsabilidades a los dirigentes de RAH y a los autores de determinadas entradas del Diccionario Biográfico Español, «que han difundido informaciones injuriosas sobre el golpe de Estado de 1936 y sus consecuencias, falseando la verdad, con el ánimo de rehabilitar las figuras de los sublevados y justificar el genocidio franquista». Los denunciantes consideran que la Real Academia de la Historia, «valiéndose de subvenciones públicas, ha promovido y difundido un documento de consulta muy importante con unos fines claramente manipuladores e injuriosos».
«No es libertad de expresión»
Para los denunciantes, los textos en cuestión no pueden ampararse en la libertad de expresión, información o cátedra y «pueden constituir un delito», de acuerdo con el artículo 510 del Código penal, que, en su apartado segundo, «castiga a los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, difundieren informaciones injuriosas sobre grupo o asociaciones en relación a su ideología, religión o creencias».
La denuncia que ahora deberá examinar la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado alude al artículo 607, apartado segundo, del Código Penal, que «sanciona la difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de distintas formas de genocidio».
Asimismo, recuerda las resoluciones dictadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para la condena del régimen franquista, que se califican «como un régimen de naturaleza fascista impuesto al pueblo español por la fuerza».
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