El miércoles, día 17 de julio, en el Juzgado de lo Social número 3 de Granada, se celebrará el juicio por el conflicto colectivo que presentó FETE-UGT de la UGR, para reclamar la devolución de la paga de navidad detraída a los investigadores de la Universidad de Granada (UGR).
Los intentos previos, que se promovieron desde el sindicato, de conciliación y arreglo amistoso en el SERCLA (Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía), y en la CIVEA (Comisión Paritaria de Interpretación, Vigilancia y Estudio del Convenio Colectivo del PDI de Andalucía), no dieron sus frutos por la negativa de la Universidad de Granada.
La medida afectó a cerca de un millar de investigadores, que tienen un contrato temporal y un sueldo escaso (en la mayoría de los casos mileurista). A pesar de ello, la vicerrectora de investigación, apoyada por el rector, decidió de forma arbitraria, detraerles la paga de navidad, avisándoles con sólo un mes de antelación. Al tener prorrateada las pagas extras durante todos los meses del año, lo que ocurrió fue que realmente se quedaron sin sueldo durante las navidades, algunos con sólo 200 euros o menos, y otros, incluso, con saldo negativo teniendo que devolver dinero de sus ya maltrechas economías, recuerda el sindicato.
La decisión de la vicerrectora y el rector fue «claramente injusta y para FETE-UGT ilegal, al aplicarle un Real Decreto Ley que no les afectaba, y basar la decisión en un simple correo electrónico del Ministerio, sin valor jurídico, que incumplía los formatos oficiales mínimos que se les debe exigir a cualquier escrito de la trascendencia de éste, no tenía ninguna autoridad que lo asumiera, ni registro de salida, ni sello, ni firma», lamenta el sindicato.
En esta línea, sigue exponiendo que «el Real-Decreto Ley 20/2012 no era de aplicación a los investigadores, cuyas retribuciones proceden del capítulo VI (subvenciones) y no del capítulo I (gastos de personal) de la Ley General de Presupuestos. Además, se vulneraba la Ley 38/2003 de 17 de noviembre de Subvenciones, por la que las cantidades previstas en los proyectos subvencionados (que incluye los sueldos de los investigadores) no se pueden derivar a otros fines».
Recientemente, la propia Unión Europea ha cuestionado la retención de las nóminas de los investigadores y exigirá su devolución al pertenecer, muchas de ellas, a los fondos europeos. Geoghegan-Quinn, en nombre de la Comisión Europea, respondiendo a una pregunta formulada por el euro-parlamentario Willy Meyer, sobre la detracción de las pagas a los investigadores de la Universidad de Granada, concluye que España tendrá que reembolsar en el futuro la parte del fondo que no está usándose para lo que fue destinada. La mayoría de los fondos con los que se abonan las nóminas de los investigadores proviene de la Unión Europea, de sus fondos estructurales, y no se entiende que una medida establecida por el gobierno de España para, supuestamente, compensar el déficit en el Tesoro Público español, pueda aplicarse para fines ajenos a los propios de la Unión Europea. Los fondos europeos se deben regular por normativa comunitaria y en ningún caso el Ministerio puede disponer de ellos libremente, recuerda, igualmente, el sindicato.
Este conflicto colectivo de los investigadores, es una denuncia más de las que FETE-UGT tiene interpuestas contra el Rectorado de la Universidad de Granada. Recientemente, el día 27 de junio, consiguió una sentencia favorable en el recurso contencioso administrativo por la imposición de la sobrecarga horaria al profesorado. La sentencia dejaba nulo de pleno derecho el acuerdo del Consejo de Gobierno, que permitía aumentar la carga docente del profesorado unilateralmente, obligando a la negociación con los representes de los trabajadores.
Precisamente, «la falta de negociación y de diálogo, se haya en la génesis de las denuncias», dicen desde FTE-UGT. «Porque el rector y su equipo se han dedicado a gobernar a golpe de resolución, calcando el modo de proceder del gobierno de Rajoy a través de los reales-decretos. Cuando, ante los ataques a las universidades de los gobiernos central y autonómico, lo que han hecho ha sido convertirse en alumnos aventajados y aplicar los decretos en su peor versión para los trabajadores. Cuando se han negado a procurar medios de arreglar los conflictos, como la Mesa de Negociación, que la había prometido el rector en su programa electoral».
Desde enero de 2012, se acumulan los conflictos, cuando el gerente anunció, en todos los medios de comunicación que sería el primero en aplicar el Real Decreto 20/2011 de 30 de diciembre, congelando cualquier nueva contratación y despidiendo a los trabajadores temporales. A partir de ahí el guión estaba marcado, a cada decreto de Rajoy o Griñán, se producía la respuesta obediente e incluso eufórica del rectorado.
La serie de conflictos comienza con el recurso contra la jornada partida a los funcionarios del PAS, y continua con la sobrecarga horaria del profesorado, la transparencia del Plan de Ordenación Docente (POD), el control presencial al PDI, la resolución contra el PAS del capítulo VI; y, entre ellos, el de la paga de los investigadores que se verá en el juicio del próximo miércoles día 17 de julio.
