El fiscal superior de Andalucía abogó por los derribos «como regla general» Reclama «una respuesta institucional coordinada» ante este tipo de delitos
El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, se mostró ayer partidario de aplicar la demolición «como regla general» cuando se produzca un delito urbanístico, de modo que la no aplicación de esta medida sea «una circunstancia excepcional». El fiscal hizo estas declaraciones con motivo del curso \’El Derecho a la vivienda en el marco de la legalidad urbanística\’ que organiza el Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada y el Consejo Consultivo de Andalucía, en Almuñécar. García Calderón habló en su ponencia sobre \’La perspectiva de la protección penal de la ordenación del territorio y el urbanismo\’ y consideró asimismo que en este ámbito confluyen muchas cuestiones.
El fiscal superior centró la mayor parte de su intervención en explicar la filosofía y la penalidad que recoge el artículo 319 del Código Penal, que hace referencia a la situación de aquellos promotores o constructores o técnicos directores, que llevan a cabo una construcción no autorizada en suelo destinados viales, zonas verdes o lugares que tengan administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico o histórico cultural.
García Calderón, que reconoció que el sistema podría mejorarse para este sector del urbanismo y la parcelación ilegal, se ha referido a los problemas técnicos y jurídicos en esta materia, y ha considerado que la delincuencia urbanística «requiere una respuesta institucional coordinada». Al respecto, añadió que es un tipo de delincuencia que presenta un elenco de actividades delictivas muy diversas y heterogéneas. «Hay situaciones que afectan a particulares que se han visto abocados en esta situación por distintas circunstancias. También presenta caracteres de delincuencia organizada y por ello cada una tiene que ser examinada para los casos concretos», señaló.
Para García Calderón, es urgente buscar «la aplicación uniforme» de la Ley Penal para que tenga el desarrollo adecuado del Estado de la autonomía. El fiscal dijo que el verdadero efecto disuasorio en la delincuencia urbanística es un efecto de naturaleza económica y muy vinculado a la real y efectiva demolición de lo construido, ya que ha sido alterada contraviniendo la legislación urbanística.
Por otra parte, manifestó que aunque los instrumentos legislativos sean muy defectuosos y tengan que ser modificados, no impide el que sí se pueda combatir la delincuencia urbanística. García Calderón expresó que la delincuencia urbanística incide en la subida del precio de la vivienda. Además señaló la importancia de que los cuerpos policiales se especialicen en estos delitos al igual que lo han hecho los fiscales.
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