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Fiscalía recurre la absolución del ex alcalde de Castril por no ajustarse a derecho

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Fiscalía recurre la absolución del ex alcalde de Castril por no ajustarse a derecho
IDEAL/GRANADA

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La Fiscalía del TSJA ha recurrido la sentencia que absolvía al ex alcalde de Castril Joaquín Fernández y los ediles que formaban su equipo de Gobierno, a los que acusaban de permitir unas obras en un castillo que afectaron a un yacimiento arqueológico, al considerar que la misma «no se ajusta a derecho».

El fiscal consideró en su recurso de apelación, al que tuvo acceso Efe, que se han producido errores en la apreciación de la prueba y en la valoración jurídica de los hechos y destacó la necesidad de protección del patrimonio histórico. En la sentencia, el juez basaba su decisión en que los informes elaborados por expertos de la Universidad de Granada, la Diputación y al Consejería de Cultura no arrojaban «como resultado concluyente que las obras causaran daños en un yacimiento arqueológico».

No obstante, el fiscal, que pedía para los acusados año y medio de prisión por un delito contra el patrimonio, entiende que la importancia arqueológica de la zona de realización de la obra está acreditada y que los daños causados en la misma son «de carácter irreparable y de trascendencia penal».

Además, considera «perfectamente documentado y conocido por las partes», que cualquier obra que se realizara en dicha zona afectarían al concepto catalogado de Yacimiento Arqueológico.

Gravedad de los hechos

En los fundamentos del recurso se recoge que los ediles acordaron considerar como «automáticamente cancelado» el expediente de declaración de bien de interés cultura de la Villa de Castril de la Peña, «sin necesidad expresa de la autoridad administrativa ante quien se tramitaba dicho expediente».

Sostiene además que añade «una especial gravedad» a los hechos objetos del procedimiento, «la propia innecesariedad y falta de sentido de la obra realiza».

Mantiene asimismo que, durante el juicio, quedaron «suficientemente acreditados» la especial necesidad de protección del entorno y la intervención de todos los miembros de la Corporación Municipal como autores responsables de los hechos.
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