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GRANADA
El sector público también recurre a los contratos basura para ahorrar
Casi un 30% de las plazas de funcionarios de la Junta están sin cubrir y se acude a trabajadores autónomos Hay abusos de temporalidad, interinidad y becarios, que abundan sobre todo en la UGR y el CSIC
M. VICTORIA COBO/GRANADA
BECARIOS. No cotizan en la Seguridad Social y su relación con la institución tiene una duración determinada y sus salarios son muy bajos. /RAMÓN L. PÉREZ
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«Los MIR también están en formación y tienen contrato»
La precariedad laboral es una mala costumbre que se le ha pegado a las Administraciones Públicas para aligerar sus gastos. Gobierno central, Junta de Andalucía, Universidad, ayuntamientos y Diputación recurren a ella de forma habitual. Así, es fácil encontrar en una misma sala de un organismo público a cuatro empleados, haciendo la misma función, pero uno de ellos funcionario, otro autónomo, un tercero interino con un contrato de sustitución y un cuarto becario. Y por supuesto, pese a realizar funciones similares, los salarios no tienen nada que ver.
Para confirmar esto sólo hay que echar un ojo a los datos que ofrece el Instituto de Estadística de Andalucía sobre asalariados del sector público. Según estas tablas los contratos temporales han crecido en Andalucía en lo público nada menos que un 72% en diez años y alcanza a 132.900 trabajadores andaluces.
Una de las cuestiones que denuncian desde los sindicatos es que muchas veces esta precariedad es difícil de controlar porque las administraciones delegan en empresas públicas que a efectos de contratación actúan como cualquier entidad privada. Por ejemplo, en la Junta, casi todas las consejerías tienen a su cargo una empresa pública (Obras Públicas, Turismo y Deportes y Cultura tienen dos, y Agricultura y Pesca, Salud y Medio Ambiente una). A continuación tienen una radiografía de estos contratos basura que se producen en Granada dentro de las distintas administraciones.
GOBIERNO CENTRAL
EL CSIC, los peor parados
Los ejemplos más cercanos que habría en la provincia son los de los becarios de investigación del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Licenciados con expedientes brillantes que optan por una carrera científica y que tras varios años sin cotizar en la Seguridad Social y con sueldos que al principio rondan los 700 euros mensuales se ven abocados a salir de España para poder continuar con su vocación. En Granada, el centro puntero es el Instituto Andaluz de Astrofísica, en el que también hay que incluir a los contratados bajo la figura de los Ramón y Cajal, figuras laborales tienen fecha de caducidad y no tienen demasiadas posibilidades .
Otra modalidad son las figuras de colaborador social, desempleados que están cobrando el subsidio de paro y se incorporan, en este caso a oficinas del Ministerio de Fomento de forma temporal. La administración de destino se encarga de subir su subsidio hasta llegar al salario base de ese puesto. El problema es que a estos trabajadores no se les computaría esta experiencia en el caso de que se presentaran a un concurso para ocupar la plaza, que volvería a quedar vacía cuando el colaborador dejará de percibir el subsidio.
JUNTA DE ANDALUCÍA
Plazas sin dotar
El caso de la Junta de Andalucía, con todas sus delegaciones en Granada y empresas públicas, ofrece variados ejemplos de estos contratos basura. Desde CSI-CSIF, Margarita Blasco, responsable de administración autonómica, señala que hasta un 30% de las plazas de funcionariado de la Junta en la provincia estarían sin dotar. En Comisiones Obreras, su homóloga Bárbara Nieto, especifica que una de las áreas en las que más situaciones irregulares se vive es Agricultura, Pesca y Ganadería, donde han observado que hasta un 48% de las plazas de funcionariado no están ocupadas. Además, la temporalidad está a la orden del día por las distintas campañas agrícolas y pesqueras.
Según Comisiones Obreras, las empresas públicas acuden incluso a empresas de trabajo temporal para cubrir sus servicios. Esto supone además, que trabajadores de una empresa privada ocupan puestos en edificios públicos, dotados con dinero público y con acceso a bases de datos confidenciales y sin estar sometidos al sigilo profesional que deben respetar los funcionarios.
Esto supone un riesgo extra, ya que estos trabajadores, con salarios muy inferiores a los funcionarios, dejan de tener el vínculo después de haber estado en conocimiento de datos confidenciales y se produce en varias áreas. El caso de los becarios, aunque no muy amplio, está presente en el Instituto de Formación Agraria y Pesquera, donde están contratados con cargo a proyectos de investigación.
Uno de los casos más sangrantes que se dan en la administración regional es el de la contratación de autónomos, figura que se da en el área de Igualdad y Bienestar Social, como denuncian tanto desde CSI-CSIF como CC OO. «Ocupan plazas de psicólogos, trabajadores sociales y administrativos, y trabajan dentro de la propia delegación o el área de menores», explica Carmen Herranz, delegada sindical en Igualdad.
UNIVERSIDAD
Más de 100 becarios trabajando
El caso de la Universidad de Granada es el que se lleva la palma en cuanto a becarios. Además, cuenta con una amplia variedad de este tipo de figuras: los de investigación, de apoyo técnico, con cargo a proyectos de investigación o de formación.
Según la información que manejan los sindicatos, conviven en la institución más de 150 sustitutos del personal de administración y servicios, hay más de 90 colaboradores sociales, becarios en tareas administrativas y técnicas que superan el centenar y otros trabajadores subcontratados. De hecho, en la Universidad hay servicios que funcionan sustentándose básicamente con becarios, como el gabinete psicopedagógico, el servicio de informática o algunos vicerrectorados. Por supuesto, estos becarios no cotizan en la Seguridad Social y su relación con la institución tiene una duración determinada y sus salarios son muy bajos (los hay desde 800 euros mensuales por ocho horas diarias).
También están en condiciones precarias los vendedores de billetes de los comedores, que lograron ser contratados tras ir a juicio pero que no están sujetos a convenio y tienen un contrato de sólo 2,5 horas al día.
AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIÓN
Programas especiales, una trampa
Tras sondear los distintos ayuntamientos parece que hay ciertos agujeros por los que se cuelan los contratos menos afortunados, los programas especiales. Los ejemplos que parecen ser más precarios son los de atención domiciliaria y los de animación sociocultural.
Los trabajadores de estos servicios especiales son contratados por consorcios formados por las distintas corporaciones locales y la Diputación y en muchos casos sólo a media jornada o por horas. Además, deben atender varios pueblos en ciertos casos y no siempre les pagan el desplazamiento. Otro problema es que no hay un salario unificado, por lo que a iguales tareas reciben distintas remuneraciones, (muchos cobran menos de 800 euros) y tienen que trabajar en días festivos y fines de semana.
Por otro lado, también hay contratos de colaborador social dentro del Ayuntamiento de Granada.
