El rector de la Universidad de Granada pide al Gobierno que cesen ya los recortes

Levantan de nuevo la voz contra las medidas del Gobierno. En esta ocasión para que cesen ya los recortes. El rector de la Universidad de Granada (UGR), Francisco González Lodeiro, escenificó ayer junto a medio equipo de gobierno -los que faltaron fue porque las agendas no se lo permitieron- que está en contra de lo que han provocado las «medidas excepcionales que afectan al estudio, a la actividad docente y a la investigación». El máximo mandatario de la institución universitaria granadina leyó el comunicado íntegro que han suscrito todas las universidades que forman parte de la CRUE (Conferencia de Rectores).
González Lodeiro estuvo acompañado de los vicerrectores de Ordenación Académica y del Parque Tecnológico de la Salud así como de las vicerrectoras de Extensión Universitaria, la de Grado y la de Relaciones Internacionales. Tampoco faltó la secretaria general, Rossana González, así como varios directores de secretariado y personal de la Facultad de Ciencias del Trabajo, con el decano, Pedro García, a la cabeza.
El comunicado se leyó en la facultad de la calle Rector López Argüeta porque después el rector participaba en los actos del patrón de Ciencias del Trabajo. El pasillo y el espacio donde se puso Lodeiro se quedó pequeño. Al término de la lectura hubo un fuerte aplauso. La comunidad universitaria granadina no lo está pasando nada bien. Hay jóvenes investigadores que han tenido que irse a otro país, alumnos que han visto mermada su beca en más de 1.500 euros y la tasa de reposición ha aumentado las horas docentes del profesorado. Eso son solo algunos ejemplos.
La Universidad granadina, al ser una de las que más alumnos becados tiene, de las que más estudiantes participan en ‘erasmus’. es de las más afectadas. Lodeiro recordó que «se han cumplido dos años de la aprobación del RDL 14/2012, de ‘medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo’, una norma que modificó la Ley Orgánica de Universidades y afectó a aspectos tan sensibles como los precios públicos y la organización de la actividad docente. Las normas presupuestarias posteriores han afectado a los salarios, a los derechos laborales y a las expectativas profesionales de todos los empleados públicos y, por tanto, también a los de las universidades».
En el comunicado se denuncia que «los reales decretos sobre becas han cambiado su naturaleza de derecho por la de una ayuda por la que se compite, con requisitos académicos endurecidos que sufren quienes más las necesitan. Asimismo, las ayudas ‘erasmus’ han restringido también sus criterios de concesión en los últimos dos años». En investigación, «el menor presupuesto y la secuencia de las convocatorias aplicadas por el Gobierno de España y por algunos gobiernos autonómicos han comportado un elevado recorte efectivo de consecuencias irreparables para muchos grupos de investigación. Este entendimiento de la I+D+i como un gasto y no como una inversión contrasta con la política de los países más avanzados».
Medidas «dolorosas»
En este sentido, «los rectores consideramos especialmente dolorosas y difícilmente justificables, por su mínimo impacto económico, las medidas que afectan a los jóvenes. El incremento de los precios públicos de los grados y, muy por encima de ellos, el de los másteres, afecta a las posibilidades formativas de nuestros jóvenes en un momento especialmente negativo para el empleo. El acceso a la profesión académica se encuentra cerrado para ellos, salvo los resquicios que dejan las insatisfactorias tasas de reposición. Estas cercenan las perspectivas de los profesores universitarios en su carrera académica y minan la motivación para la mejora permanente en docencia e investigación. Las limitaciones normativas han provocado que las plantillas de profesores, investigadores y personal de administración y servicios se hayan llenado de figuras y plazas interinas y precarias, algunas recurridas por el propio Gobierno, que resultan inadecuadas para la función universitaria, docente, investigadora y de gestión».
Las medidas, según decía el RD 14/2012, eran «excepcionales y se justificaron por la coyuntura económica. Ante las afirmaciones de una perspectiva de mejoría económica en España, pedimos la supresión de las que vayan más allá de un ahorro racional y una gestión eficiente y austera, en el marco de los criterios presupuestarios que se fijen».
A juicio de los mandatarios universitarios «los precios públicos de matrícula en las universidades deben ser accesibles y razonables en todos los niveles formativos. Debe recuperarse el sentido de las becas y ayudas como garantes de la equidad. Debe volver la autonomía de gestión de la actividad docente e investigadora de las universidades».
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