El presidente del TSJA pide que se apliquen ya las nuevas medidas de paralización de los desahucios

Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. Esa es la norma de la que se está hablando este jueves en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada (UGR) y a la que se refirió Lorenzo del Río Fernández, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). «Se está preparando desde el propio Decanato de los Juzgados esa petición, ese acuerdo y se mandará a todos los Servicios de Ejecuciones de paralización de los desahucios. Ya la ley es aplicable. Y yo me pondré cuando salgamos de aquí –del congreso– en contacto con todos los decanatos en igual sentido», decía el presidente del alto Tribunal andaluz. El Decanato de los Juzgados de Granada ha mandado hoy mismo una circular con todas las puntualizaciones de las medidas.
Asimismo, comentó que «el primer elemento que ya tenemos, en relación a la ley, es la paralización durante dos años de todos aquellos desahucios de personas con gran problemática. En segundo lugar, se anulan ya cláusulas abusivas. Se facultad al juez para excluirlas de todos los procesos. A los propios notarios en materia de subastas se les da también una serie de facultades. En este sentido, se dan pautas sobre posible dación en pago cuando se adjudica la vivienda y cuando al mismo tiempo puede quedar un remanente de forma que se pueda excluir ya el posible pago al deudor».
Lorenzo del Río valora así que «creo que hay mecanismos de mayor sensibilidad social. Frente a la cultura del dinero que muchas veces hemos tenido, que haya ahora una cultura más social y de protección de las personas con problemas».
A las preguntas de los periodistas respondió que «a los jueces claro que les preocupa este problema del desahucio. Ahora a nosotros nos llegan personas de carne y hueso con ese problema acuciante. Al juez le interesa aplicar la ley por un lado, pero al mismo tiempo con la mayor protección social posible y buscando ese equilibrio entre esos intereses que también los hay de otros colectivos, pero también de esas personas que en definitiva se quedan en la indigencia. Entonces, esas llamadas de aplicación de la ley en la medida de lo posible y al mismo tiempo en algunos otros supuestos que funcione el Estado Social y con medidas sociales que ya los jueces no podemos darlas en algunos supuestos».
Estas declaraciones las hizo Lorenzo del Río en el Congreso nacional sobre desahucios y ejecuciones hipotecarias: un drama social y un problema legal, que ha organizado la Facultad de Derecho. El rector de la Universidad granadina, Francisco González Lodeiro, presidió el acto de inauguración que contó con la presencia, además, de Miguel Olmedo Cardenete, decano de la Facultad de Derecho; Alfonso Candau Pérez, decano del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España; Salvador Torres Ruiz, decano del Colegio Notarial de Andalucía; Eduardo Torres González-Boza, decano del Colegio de Abogados de Granada; e Inmaculada Sánchez Ruiz de Valdivia, profesora del departamento de Derecho Civil y codirectora del Congreso.
El decano de la Facultad de Derecho, Miguel Olmedo, explicó que el objetivo del congreso es convertirse en un foro de debate en el que «se pongan posibles soluciones que a la vez de ser legales sean materialmente justas en la grave crisis que está atravesando España y en los muchos desahucios que se están produciendo. Pretendemos sencillamente ofrecer ese foro de discusión en el que los operadores jurídicos logren encontrar una solución que sea equilibrada entre la protección a los propietarios y la protección también a los inquilinos que sufren los efectos devastadores de la crisis».
Entre las posibles soluciones aludió a una de ellas, además arbitra el Colegio de Abogados, que es intentar mediar o intermediar con las entidades financieras que son las que mayoritariamente promueven las ejecuciones hipotecarias y los desahucios.
«Y bueno, intentar llegar a soluciones, en algunos casos la dación en pago como posible causa de extinción de la deuda o de alquileres más económicos y que intenten sufragar las deudas pendientes. En ese sentido, la existencia de quitas, de aplazamientos de pago la flexibilización hasta que vengan mejores tiempos. De modo que en ese sentido la mediación creo que constituye o constituirá una salida bastante honrosa, equilibrada para las partes y también la búsqueda de soluciones legales que algunos jueces están distando ya en nuestros juzgados donde reconocen el derecho de los inquilinos a nos ser desahuciados en determinadas circunstancias».
Descargar