– El juez imputa a Fomento y a las empresas constructoras por el accidente de la A-7
Casi dos años después resuelve que no se realizaron las revisiones pertinentes a la estructura que cayó y costó la vida a seis trabajadores Los obreros eran los encargados de vigilar a ojo el estado del puente
La caída del puente duró unos segundos. Los suficientes para llevarse por delante a seis trabajadores que ponían todo su esfuerzo sobre su superficie. La investigación de lo que allí ocurrió, sin embargo, se está alargando en el tiempo y a casi dos años del accidente del viaducto de la A-7, nadie asume fallos y aún no se conoce quiénes pudieron tener tan grave desliz.
Tras varios informes que no determinaban con rotundidad qué falló aquel día de noviembre de 2005, el auto del juez surge para poner orden en todas las ideas apuntadas y para determinar a los presuntos culpables de este desastre que tiñó Almuñécar de luto. El magistrado que está encargado de la investigación sobre el terrible accidente laboral de la A-7 ha llamado a declarar como imputados a varios responsables del Ministerio de Fomento y de las empresas constructoras por su presunta implicación en el desplome del viaducto, que causó una gran conmoción.
En concreto, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Almuñécar establece en un auto, con fecha 1 de agosto, que tomará declaración por el Ministerio de Fomento al jefe de Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental y al ingeniero director del proyecto de ejecución de obras del tramo de la autovía La Herradura-Taramay.
Por la parte de las empresas encargadas de la obra, el juez acuerda oír en declaración al representante legal de la unión temporal de empresas (UTE) La Herradura -contratista principal-, a su jefe de obras y al coordinador de seguridad de la misma y a los responsables de la empresa subcontratada Estructuras y Montajes de Prefabricados SL, al jefe de equipo, capataz y encargado de la empresa y al capataz de la obra.
Según consta en el auto, todos ellos se consideran «presuntamente responsables de no facilitar a los trabajadores todos los medios necesarios para desempeñar su actividad con las medidas de higiene (laboral) adecuadas», vulnerando la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
En definitiva, indica el auto, el colapso del viaducto de Río Verde «tuvo como causas aspectos relacionados con los procesos de revisión y mantenimiento de la cimbra siniestrada», que no realizaron ni el Ministerio de Fomento, ni la UTE la Herradura, ni la mercantil Estructuras y Montajes de Prefabricados. Es decir que les achaca -no con mucha rotundidad- el hecho de que no controlaran el estado de la estructura.
El sindicato UGT, expone que ya denunciaron en su momento que en la obra «no se llevaba a cabo un mantenimiento preventivo y que no había un protocolo de actuación a la hora de revisar las piezas», según exponen, aunque, responsablemente, no quieran entrar a valorar el auto que todavía no está en su poder.
El auto del juez recoge el informe del Instituto de Ciencias de la Construcción y de la Universidad de Granada, en el que se explica que «en la cimbra siniestrada se utilizaron tornillos sin pretensar, lo que resulta poco adecuado en estructuras sometidas a cargas variables».
No se hizo en la obra, según especifica el citado informe, «ningún tipo de revisión puesto que las revisiones sobre las soldaduras eran meramente visuales». «De manera -continúa el documento- que no se adoptaron medidas, ni se realizaron análisis, ni se empleó maquinaria alguna que permitiera detectar defectos en las soldaduras que no fueran apreciables a simple vista por los trabajadores».
Mirar los tornillos
Es decir, el informe reconoce que el aflojamiento de uno de los tornillos que provocó la caída de la cimbra (de la estructura) no pudo predecirse porque las revisiones del estado de estas piezas las hacían los propios trabajadores a ojo, en vez de utilizar la maquinaria apropiada para llevar a cabo estas importantes tareas de control.
Por eso el auto concluye que el derrumbe del puente tuvo como causas aspectos relacionados con los procesos de revisión «que no realizaron ni el Ministerio de Fomento, ni la UTE la Herradura, ni la mercantil Estructuras y Montajes de Prefabricados», a los que señala como presuntos responsables de esta falta de precaución.
La resolución sin embargo no es firme y contra la misma cabe recurso de reforma por escrito en el plazo de tres días, desde la última notificación.
En el informe del Gobierno, que se dio a conocer hace unos meses, se desprende que la caída de la estructura se produjo por la rotura de una pieza, aunque no determinaron el motivo que produjo que fallase ese elemento del puente.
El secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán, explicó en su momento que las conclusiones de la investigación apuntaban como causas posibles que algunas soldaduras estuvieran debilitadas por el uso anterior de la cimbra -armazón que sostiene el peso de una construcción-, «sin que esto se haya podido comprobar, ni ser detectado en la obra mediante las técnicas habituales de control» o bien, que alguna tuerca pudiera haberse aflojado durante los ciclos de la obra, «cosa que tampoco ha podido quedar demostrada», indicó en nombre del Ministerio de Fomento.
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