El sindicato CCOO ha mantenido una reunión este jueves con el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, para trasladarle su preocupación por la interpretación que la Universidad de Granada ha hecho del Real Decreto de medidas urgentes aprobado por el Gobierno, ante una posible «paralización de la prestación de los servicios esenciales» en la institución y la «vulneración de los derechos colectivos de los trabajadores».
El responsable de Enseñanza de CCOO de Granada, Diego Molina, ha explicado que la reunión ha tenido un gran efecto sobre los gestores de la Universidad granadina, que le han convocado en la mañana de jueves para abordar el asunto antes del encuentro con el fiscal superior.
Tanto el rector en funciones como el gerente de la UGR, Andrés Navarro, han transmitido al sindicalista que la institución garantizará la prestación de los servicios esenciales a los que está obligada y le han anunciado su intención de realizar sustituciones «dentro de las limitaciones» que recoge el decreto.
Esto último no ha gustado a CCOO, al considerar que desde la Gerencia de la UGR se sigue haciendo una interpretación errónea de este decreto, ya que «dicen que se harán las sustituciones que sean inaplazables pero no se precisa cuáles».
Así, CCOO advierte de que seguirá con las movilizaciones y acciones de presión hasta que la institución vuelva a los criterios de empleabilidad que mantenía antes de que se aprobara el citado decreto.
Molina ha trasladado estos asuntos al fiscal Superior de Andalucía, quien se ha mostrado de acuerdo en que es «muy importante» que la institución docente preste los servicios esenciales y ha instado al sindicato a estar vigilante respecto de este asunto que podría conllevar la apertura de un expediente informativo.
Según ha mantenido el responsable de Enseñanza de CCOO de Granada, Diego Molina, la interpretación que ha hecho la Universidad de Granada del Real Decreto Ley 30/2011 aprobado por el Gobierno para reducir el déficit público «ha dejado este mes a cerca de 200 personas en la calle» y esta cifra podría ampliarse hasta los 500 trabajadores si la institución académica mantiene la suspensión de la provisión de plazas vacantes y sustituciones para el presente ejercicio.
Tal y como ya anunció el sindicato de Enseñanza de CCOO de Granada en rueda de prensa la semana pasada, la decisión de la institución académica de suspender la provisión de vacantes y sustituciones podría suponer la paralización de servicios esenciales en la UGR, desde la docencia hasta el comedor universitario.
