La biblioteca de Derecho, para el curso 2014/15

Prácticamente una década después de que el edificio pasase de manos de la Junta de Andalucía a las de la Universidad de Granada, en la misma operación en que la antigua Escuela Normal de Magisterio se convirtió en la actual Delegación de la administración autonómica en la provincia, el edificio de Duquesa 22 se convertirá por fin en la nueva Biblioteca de la Facultad de Derecho. Con las obras avanzando a buen ritmo pero aún pendiente una compleja mudanza, la UGR tiene previsto que en el curso 2014/2015, si nada falla, la nueva biblioteca sea una realidad.
El Director General de Infraestructuras de la UGR, Joaquín Passolas, explicó a Granadaimedia el enésimo retraso que sufrió la obra a principios de este año, debido al «complejísimo proceso de licitación», por el que hasta febrero de 2013 no se obtuvo la licencia de obra. Con las fechas actuales «la obra tiene un plazo de entre 18 y 24 meses, si calculamos que pueda estar recepcionada para mediados de 2014, entre que se recibe la licencia de primera ocupación, se compra el equipamiento, que es otro contrato público que tiene su proceso, y se hace la mudanza, confíamos en que durante el curso 2014/2015 ya esté funcionando».
Una confianza en que quieren creer alumnos y profesores de una Facultad que tiene los libros de muchos departamentos acumulados en cajas o en los pasillos y a la que tampoco le vendría mal una nueva zona de estudio que complemente tanto a la propia Facultad como al Aulario de Derecho, de cuya saturación en tiempos de exámenes se puede ser testigo estos días.
El edificio de la Duquesa 22, desde 2004, ha sufrido toda clase de avatares. Hasta 2011, la Delegación de Cultura no autorizó el proyecto de rehabilitación del edificio, al que los años de desuso le han pasado bastante factura. Según explica Passolas, la razón fue la revisión de su carácter de edificio protegido «ya que es un ‘falso histórico’, hubo que rebajarle el tipo de catalogación, aunque siga estando protegido». Cultura lo mantiene actualmente en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como bien de catalogación general.
Entre la autorización en noviembre de 2011 y el comienzo de las obras, el complicado proceso de licitación, la falta de fondos propia de la crisis y la aún más complicada tarea de obtener los permisos de obras retrasaron un año y medio el arranque de los trabajos. En el lapso que va desde 2004, las diferentes propuestas han sido rechazadas por problemas presupuestarios, administrativos o de forma, y el edificio incluso fue ocupado en el aniversario del 15M para intentar convertirlo en un centro cívico autogestionado. Ahora la cuestión es esperar que no pase algo y las previsiones fracasen… otra vez.
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