El ruido y las molestias que genera en la ciudadanía están en el punto de mira del nuevo reglamento que prepara la Consejería de Medio Ambiente. El texto, del que se hizo eco el diario El País, recoge que cuando un ciudadano presente una denuncia por ruido, los ayuntamientos deben actuar en quince días. Si este plazo no se cumple, el ciudadano podrá acudir a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente. Si los técnicos municipales no toman medidas, será la Junta la que realice las pertinentes mediciones. Si el informe final es desfavorable -es decir, el nivel de ruido sobrepasa lo legalmente establecido- el ciudadano podrá denunciar al infractor y también al ayuntamiento que no actuó en su momento.
El actual reglamento, de 2003, ya prevé que la Consejería de Medio Ambiente actúe con carácter subsidiario en el caso de que el consistorio tenga dificultades para cumplir con sus competencias en esta materia. Con esta norma la Junta quiso proteger de la indefensión a los ciudadanos principalmente de las poblaciones más pequeñas, ya que para realizar las inspecciones es necesario un equipo técnico y humano muy específicos, indican fuentes de la Delegación en Granada de Medio Ambiente.
La norma andaluza también establece la colaboración de la Diputación provincial en cuanto a la asistencia técnica a los municipios. En el caso de Granada, el ente supramunicipal colabora mediante un acuerdo firmado con la Universidad de Granada, con el que se pretende cubrir las carencias de los pueblos que no dispongan de los medios necesarios.
En cuanto a las inspecciones acústicas llevadas a cabo por la Delegación provincial de Medio Ambiente la casuística mayoritaria en Granada es la de «actuación subsidiaria por inactividad municipal», según fuentes de la propia Delegación, aún cuando las peticiones expresas de los Ayuntamientos han aumentado significativamente en 2010.
Así, en 2009 se realizaron 24 inspecciones, dos de ellas por petición expresa del ayuntamiento, 20 actuaciones subsidiarias por iniciativa de la administración autonómica y el resto, otras dos, por actuación directa por competencia de la Junta.
En cuanto a 2010, hasta el pasado 30 de septiembre, se han realizado 29 inspecciones acústicas, once por petición del ayuntamiento (nueve más que el año pasado), 16 por iniciativa de la Administración y dos actuaciones más por competencia propia de la Consejería de Medio Ambiente.
Con estos datos en la mano, desde la Delegación se afirma que, como regla general, que el Ayuntamiento de la capital y de las ciudades grandes «cumplen satisfactoriamente» con sus competencias acústicas mientras que los correspondientes a ciudades medianas y pueblos presentan un comportamiento «muy deficiente en esta materia».
