Un estudio de la Universidad de Granada pionero en España destaca que es necesaria una intervención integral para que la población conozca más esta medida
Sólo uno de cada 10 andaluces sabe lo que es una voluntad vital anticipada, conocida como testamento vital, según una investigación realizada en la Universidad de Granada en la que se concluye que la implementación de un programa que implique la combinación de diversas estrategias sobre las Voluntades Anticipadas permitiría que un mayor número de personas esté dispuesto a registrar su declaración, según se desprende de este trabajo.
El testamento vital es una herramienta creada por la Consejería de Salud en la que cada persona puede expresar, en pleno uso de facultades, sus deseos para el momento de la muerte y que se aplicarán llegado el momento evitando que sean los familiares los que decidan sin tener en cuenta la voluntad de la persona.
Para esta investigación, su autora, María Isabel Tamayo Velázquez del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Granada, realizó una encuesta sobre conocimientos y actitudes de población general mayor de 18 años de las áreas de Gestión Sanitaria Norte de Málaga y Norte de Almería acerca de las voluntades vitales anticipadas. La encuesta se llevó a cabo en una muestra de 1.200 personas.
Tamayo destaca que, aunque aún falta mucho para que todas las personas alcancen un proceso de muerte acorde a sus necesidades y preferencias, la nueva legislación, el cambio de rol de la ciudadanía y del personal sanitario y procesos como la planificación anticipada de las decisiones que utilizan como herramienta las voluntades anticipadas, «son el camino para acercarnos cada vez más a una muerte digna que proteja la autonomía individual e imponga el criterio de calidad de vida».
La investigadora ha demostrado que una intervención comunitaria integral permite mejorar los conocimientos y actitudes de la población usuaria de un área de gestión sanitaria hacia las voluntades anticipadas, así como incrementar su uso. El programa de actuación permitió que el porcentaje de personas que dice tener conocimientos sobre las voluntades anticipadas pasara de un 9,3% antes de la intervención a un 27,9% después.
Esta investigación ha sido dirigida por los profesores Elena Espigares Rodríguez, Pablo Simón Lorda y José Luis Cabezas Casado y supone una iniciativa absolutamente pionera fuera del marco anglosajón. Y es que, hasta ahora, nunca se habían evaluado en España y más concretamente fuera de EEUU, Canadá o Australia, estrategias para incrementar el uso de las voluntades anticipadas por parte de la población.
La efectividad del despliegue de acciones informativas, educativas y de proceso que tuvo en la comunidad del área sanitaria norte de Málaga se vio reflejada en un incremento de las tasas de voluntades anticipadas registradas por la población que ha recibido la intervención. La población intervenida no sólo ha obtenido una tasa de voluntades anticipadas registradas cuatro veces mayor que antes de llevar a cabo dicha intervención, sino que además esta tasa casi se triplica (2,74) al compararla con el grupo control.
