Sólo el 19% de los municipios cuenta con centros de atención a dependientes
Un trabajo publicado por el Centro de Estudios Andaluces, organismo dependiente de la Junta de Andalucía, profundiza en la relación entre los cuidadores informales -los familiares que cuidan a los dependientes- y uno de los recursos asistenciales incluidos en la ley, aún minoritario: las unidades de estancia diurna (UED).
Estas instalaciones son, en la filosofía de la Junta de Andalucía, la alternativa a las residencias de institucionalización total. En un horario similar a la jornada laboral, el cuidador deja a su familiar en el centro mientras hace sus tareas y después lo recoge. Para los cuidadores, en un 85% mujeres, supone un «alivio» que les permite conciliar su vida doméstica, laboral o de ocio. Además el dependiente puede pasar más tiempo en su entorno. En Andalucía es compatible con la ayuda a domicilio, para levantarlo y prepararlo antes de llevarlo a la unidad.
Sin embargo, la fórmula aún está muy acotada, según reflejan los investigadores de la Universidad de Granada Pedro Castón, Antonio Trinidad, Rafael Martínez y Mar Ramos en su estudio Cuidadores de personas mayores con discapacidad y unidades de estancia diurna en Andalucía.
Los autores aportan un mapa de distribución de las UED que refleja que sólo el 19,4% de los municipios andaluces cuenta con una de las 241 unidades. Es decir, 623 localidades carecen siquiera de una, destacan los autores, que llaman la atención sobre que los dos valores más extremos sean de provincias contiguas como es el caso de Huelva y Sevilla, con 50 y 12 unidades respectivamente, todos ellos con subvención pública.
Los centros, estando presentes en cada provincia, se ubican por lo general en las capitales de provincia o en los mayores núcleos poblacionales.
Los autores no entran a valorar la insuficiencia de estos recursos ni lo vinculan con el auge de pagas económicas que se destinan en la comunidad.
El estudio, de 132 páginas, aporta testimonios de beneficiarios de este servicio, y de los profesionales que los dispensan. La interpretación de unos y otros están en las antípodas. Los familiares coinciden en el «descanso» que les ofrece este recurso. «Necesitaba cuidados las 24 horas del día y yo ya no podía más, me estaba poniendo demasiado triste y ya no podía ni descansar», relata uno.
Las UED modifican el rol de la cuidadora: «Me está viniendo muy bien. No tengo que preocuparme de qué voy a hacer de comer hoy ahora que no está ella durante el día». Influye en la reorganización de la cotidaneidad, «ahora puedo ir a comprar el pan tranquila, sin la angustia porque ella está en casa; el tiempo cunde mucho más porque no está todo el rato llamándote», aporta otra.
Una última parte del estudio relata la visión de los otros cuidadores, los profesionales, con entrevistas a los directores y personal. Éstos por contra se muestran «escépticos» con la aplicación de la ley en estos centros y destacan hasta cinco problemas. Uno, la lentitud burocrática que ralentiza su trabajo. «Con el atraso que llevan, ahora mismo tengo dos plazas vacías; antes de la ley eso era impensable (…) Las valoraciones tardan en torno a un año. Muchas veces, cuando llega el PIA, se han muerto ya», comenta un director. Antes podían dar entrada a los usuarios y ahora no depende únicamente de ellos el ingreso.
La legislación que regula el personal es motivo de contorversia. Algunos se quejan de tener a trabajadores sociales «sin funciones», porque todos los trámites los hacen los servicios comunitarios y critican la ausencia de podólogos. Los directores también lamentan los problemas para encontrar ATS y fisioterapeutas por el límite de horas reducido que impone la Junta. Los profesionales advierten además que muchos mayores lo pasan mal al ir a estos centros, porque creen que sus familias los rechazan. En general, los cuidadores directos consideran que «la ley no contribuye mucho más de lo que había establecido antes», concluye el estudio.
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