El catedrático de Teoría e Historia Económica de la Universidad de Granada (UGR), Santiago Carbó, aconseja que se descentralice la negociación colectiva y se deje de hacer por sectores, ya que empresas de un mismo ramo pueden tener circunstancias muy diferentes.
Este experto en análisis económico y asesor de la Reserva Federal estadounidense, lamenta que la reforma laboral aprobada por el Gobierno, que considera que debería haber sido «más valiente», no haya profundizado en la negociación colectiva.
Así, explica que dos empresas que pertenezcan a un mismo sector, «por su tamaño, por su ubicación o por su situación financiera» pueden enfrentarse a condiciones muy distintas, que es posible abordar de manera diferenciada, y por tanto la negociación laboral por sectores no es, a su juicio, «muy adecuada».
Carbó espera que los nuevos contratos resulten atractivos para las empresas y fomenten la contratación, aunque ha valorado que «la recuperación está siendo más lenta de lo que se esperaba y es probable que se produzca un crecimiento suave, insuficiente, que no sea capaz de generar empleo».
Augurado, no obstante, que si la recuperación continúa y las condiciones son favorables en España y en países de su entorno, «es posible que en unos trimestres se empiece a generar algo de empleo», aunque ha subrayado que reducir las cifras del paro «no es sólo cuestión de que haya empresas competitivas, sino también de que los recursos humanos desempleados tengan la formación adecuada para la clase de puestos de trabajo que se generarán».
«En formación hemos perdido mucho tiempo en España», ha valorado este economista, que critica que haya todavía en el país un uso menor de las tecnologías y un escaso conocimiento de inglés. Respecto a la rebaja de la calificación de la deuda de España por la agencia Moodys, Carbó considera que esta noticia por sí sola no tendrá un gran impacto, puesto que «gran parte de los efectos ya estaban descontados, una vez que le habían rebajado la calificación las otras dos grandes agencias».
En cuanto a los Presupuestos Generales del Estado, considera que el documento presentado plantea unas cifras «posibles» y con un esfuerzo de austeridad «importante», aunque habría preferido «algún recorte más en gasto corriente y alguno menos en infraestructuras y en I+D», ya que estas últimas partidas son «importantes para aumentar la competitividad».
