Profesor titular de Ingeniería del Terreno de la Universidad de Granada y doctor en Ciencias Geológicas, el investigador Clemente Irigaray Fernández apuesta por instaurar políticas de prevención en los municipios respecto a los movimientos de laderas, en lugar de realizar actuaciones de reparación a posteriori una vez que la lluvia, los terremotos o la acción del hombre han generado el desastre.
-Con las intensas lluvias que está registrando la provincia, ¿qué peligro corren en general los municipios de sufrir un movimiento de laderas?
-La probabilidad de que este fenómeno pueda ocasionar daños relativamente importantes es francamente alta si siguen estas condiciones meteorológicas, y no es que lo diga yo, sino que está ocurriendo, en Graena o Benalúa de las Villas, por ejemplo. Pero no sucedería de forma generalizada, sino en aquellas poblaciones donde la susceptibilidad es mayor. Lo bueno es que como esa información ya la tenemos -a partir de las cartografías realizadas- podemos prever cuáles son las zonas que pueden sufrir movimientos de tierras.
-Si se conoce dónde se encuentran los puntos de riesgo, ¿por qué no se actúa de forma preventiva por parte de las administraciones?
-En el tema de ordenación, por ejemplo, muchos de los casos de inundaciones están sucediendo en viviendas ilegales, porque está legislado que en el entorno de la zona de inundación no se puede construir. Sin embargo, para movimientos de ladera no existe normativa que diga dónde se puede construir en función de este tipo de cartografías y esto sería lo inmediato que tendría que hacerse en los planes de ordenación urbanística de los ayuntamientos o a nivel provincial, es decir, concretar, si se impide construir o, si se permite, con qué medidas hay que hacerlo. No se trata de prohibir sino de ser conscientes de los procesos a los que estamos expuestos.
-¿Qué medidas serían éstas?
-Pueden consistir en actuaciones de ordenación del territorio, como colocar un nuevo barrio en otra ubicación sin riesgo, o de tipo constructivo, como poner unas vallas o unas defensas que retengan el movimiento de ladera. En definitiva, se trata de disponer de herramientas de tipo científico, de la legislación que los regule y de que se cumpla esta normativa.
-¿Sería muy costoso, económicamente hablando, realizar estas actuaciones preventivas?
-Un estudio del Instituto Geológico y Minero de España concluyó que la relación beneficio-coste en el caso de los movimientos de laderas supone que por cada euro que me gaste en medidas preventivas, me voy a ahorrar 8,7 euros en reparaciones. Lo que ocurre en la práctica es que normalmente estas cuestiones son a largo plazo y muchos gobernantes piensan que para qué gastarse un euro si no se va a recuperar el dinero en cinco o seis años, aunque está claro que la inversión en medidas preventivas siempre ahorra dinero.
-En el caso de que se comience a legislar cómo construir en función del riesgo de movimientos de laderas, ¿ocurriría algo parecido a con la Ley de Costas?
-Si se normalizara, no se puede decir que las viviendas de esas zonas susceptibles de padecer un movimiento de ladera son ilegales, pero como mínimo se deberían tomar medidas preventivas, como un sistema de alerta de que el contenido de agua es mayor o menor, construir barreras o mallas que absorban la energía de las piedras… Aunque lo mejor realmente es adoptarlas cuando no hay nada hecho.
-En este sentido, supongo que la tipología de construcción de la provincia, sobre todo, en el caso de las casas cueva, aumenta el peligro de movimientos de tierras. ¿Es así?
-El tipo de construcción, la cimentación y la estructura evidentemente influye. Nuestras cartografías sólo tienen en cuenta el terreno, pero está claro que en una zona con susceptibilidad media de que ocurra un incidente y con un tipo de cimentación superficial puede ocurrir un desastre, mientras que en una cimentación por pilotes profundos puede que no haya problemas o que estos sean menores.
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