Los afectados por la planta embotelladora anuncian movilizaciones contra el proyecto
NOELIA MARTÍN
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granada. El alcalde de Albuñuelas, José Castillo, el portavoz de la Plataforma de Afectados por el sondeo La Milleza, Francisco Ríos, y el secretario general de ASAJA en Granada, Manuel del Pino, anunciaron ayer que convocarán concentraciones, primero en Granada y después en Sevilla, si no llegan a un acuerdo con la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta que compatibilice la explotación de la nueva planta embotelladora del Valle del Lecrín con la actividad agrícola y los valores paisajísticos de la zona.
El punto más conflictivo se refiere al perímetro de protección de la planta que, según los ayuntamientos de la zona y las asociaciones de afectados, no tiene justificación hidrogeológica e impide las prácticas de aplicación de nutrientes orgánicos y minerales y productos fitosanitarios imprescindibles para la agricultura, según aseguró Francisco Ríos. Este argumento está avalado por el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Granada que concluye que el agua es de excelente calidad a pesar del desarrollo agrícola y avisa del peligro de movimientos de ladera en los terrenos donde se va a construir la embotelladora. Por ello, los perjudicados pidieron que se reduzca el perímetro y se les permita el aprovechamiento de las tierras y los acuíferos.
En este sentido, denunciaron que el delegado provincial de Innovación, Alejandro Zubeldia, ha paralizado las solicitudes de riego y obliga, de forma irregular, según ellos, a pedir autorización al particular adjudicatario, según explicó José Castillo. Criticaron también que la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, amparándose en el silencio administrativo, no haya contestado al recurso de alzada que interpusieron, conjuntamente y por unanimidad de todos los grupos políticos, los dos ayuntamientos de la zona contra la resolución de la administración autonómica por la que se otorgó, el pasado 28 de noviembre, la explotación de la planta industrial a un particular durante 30 años.
La inclusión de la actividad industrial en la zona afectará a 721 hectáreas distribuidas en 400 fincas, lo que supondría una pérdida de más de 1,8 millones de euros y 8.811 jornales al año. Además, añadieron que el adjudicatario no creará empleos para la comarca.
