El número de prejubilaciones voluntarias en la Universidad de Granada (UGR) se ha desplomado tras la suspensión, el pasado verano, de la convocatoria del Premio a la Jubilación Voluntaria. El cese de este programa, al que estaban acogidas 33 universidades españolas, se produjo después de seis años de desarrollo como consecuencia de la política de recortes. Las cifras, aportadas por el Vicerrectorado de Ordenación Académica de la UGR, son claras. El pasado curso 84 profesores universitarios solicitaron acogerse a este plan de incentivación de la jubilación voluntaria. Este curso y a día de hoy -después de que se decidiera dejar de incentivar las jubilaciones-, únicamente lo han solicitado trece, lo que supone un descenso del 74,6%. El presente curso ya ha llegado a su ecuador, por lo que parece difícil que se alcance la cifra de solicitudes de 2011/2012.
Por otro lado, de los 84 docentes que solicitaron el pasado curso acogerse al plan de incentivación, finalmente más de la mitad -concretamente 44- siguen en activo en este curso. A estas 40 jubilaciones voluntarias se unieron otras trece forzosas, esto es, por haber alcanzado la edad de cese de la actividad laboral, que en el caso de los docentes universitarios está en los 70 años.
En los seis años que llevaba en vigor el plan de jubilación incentivada hasta su suspensión hace ocho meses se han beneficiado del mismo más de doscientos profesores, todos mayores de 60 años y con más de 30 años de servicio, que eran dos de las condiciones para acogerse al programa. Éste les permitía jubilarse anticipadamente con las mismas condiciones económicas que disfrutaban trabajando durante cinco años y una vez pasado este lustro, acogerse a la jubilación con las condiciones normales.
El plan se implantó en 2006 para evitar que determinados departamentos se quedasen vacíos por la marcha masiva de docentes tras cumplir la edad de jubilación obligatoria. Una de las finalidades de esta iniciativa era, por tanto, que no se generaran desajustes en los equipos de investigación y propiciar la renovación ordenada de las plantillas y la incorporación progresiva de docentes noveles.
La cifra de trece jubilaciones voluntarias registradas en lo que va de curso no es necesariamente escaso. Es más, la que destaca es la del año pasado, con 84 solicitudes. En 2008 apenas 17 profesores se acogieron a este plan. Los motivos que dio entonces el vicerrector de Ordenación Académica, Luis Jiménez del Barco, fueron que los enseñantes mayores de 60 años «trabajan por vocación» y que la actividad investigadora que desarrollan les mantiene comprometidos con los proyectos en los que trabajan.
Sin embargo, el pasado curso el número de solicitantes del programa de jubilaciones incentivadas aumentó hasta los 84 docentes. Los motivos «pueden responder a situaciones muy diversas y siempre es una decisión que recae en el ámbito personal», explicó Jiménez del Barco.
En la Universidad de Granada hay 673 enseñantes por encima de los 60 años, según los datos facilitados por el vicerrector. De éstos, está previsto que el próximo 30 de septiembre veinte dejen la docencia al llegar a los 70 años.
Del total de profesores que se marchan -los veinte más los trece que ya han presentado su jubilación voluntaria- únicamente se podrá reponer el 10% por las restricciones legislativas impuestas desde el Ejecutivo de Madrid. Por lo tanto, se irán 33 profesores y únicamente podrán ingresar tres. En este sentido, el vicerrector de Ordenación Académica de la UGR explicó que «dadas las restricciones en la tasa de reposición, el incentivo supondría una disminución progresiva del profesorado funcionario». Esto significa, según Jiménez del Barco, que «la Universidad de Granada no puede reponer en su totalidad» a los enseñantes que abandonan su actividad laboral. «Esta situación afecta al conjunto de las universidades públicas españolas», apostilló el vicerrector.
