La UGR aprovecha el parón vacacional para sacar adelante los nombramientos de docentes titulares y catedráticos obviando el límite del 10% de tasa de reposición impuesto por Madrid
La plantilla de profesorado de la Universidad de Granada está en el punto de mira del Gobierno central desde principios de verano. A pesar de la advertencia del Ministerio de Hacienda de que la institución granadina estaba sobrepasando el límite impuesto por ley de no ampliar la plantilla en más del 10%, la UGR ha continuado con los nombramientos de profesores titulares y catedráticos durante el mes de agosto, algunos de los cuales han tomado incluso posesión de su cargo.
El pasado 13 de agosto se publicó en el BOE una resolución con los nuevos nombramientos de 14 profesores titulares y 13 catedráticos y, una semana después, la de otros 10 titulares y 3 catedráticos más. Ésta es la prueba de que la institución académica ha hecho caso omiso del requerimiento que efectuó el Ministerio de Hacienda el pasado 9 de julio a la UGR.
En dicha comunicación, la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas adjuntaba una relación con los datos de personal de la UGR, las bajas por fallecimiento, incapacidad permanente, jubilaciones y reingresos y las convocatorias publicadas en 2012. Su conclusión era que la UGR había convocado 30 plazas para catedráticos, cuando sólo podía sacar cuatro; y 71 para titulares, cuando el límite se establecía en cinco. Es decir, que la UGR había sacado 93 plazas más de las que establece el decreto gubernamental, lo que supone una tasa de reposición del 1.163% y no del 10% exigido por el Ejecutivo, según reza en el documento.
Siguiendo la estela de la Universidad de Valencia, cuyo rector Esteban Morcillo se negó a mediados de julio a paralizar la convocatoria de plazas de docentes de su institución, la UGR ha decidido seguir con los nombramientos aprovechando el verano.
En la notificación que recibió el Vicerrectorado de Ordenación Académica de la UGR, se le advertía que Hacienda tenía la intención de interponer un recurso contencioso-administrativo contra sus dos últimas convocatorias: la del 23 de abril de 2012, en la que se convocó una plaza de catedrático; y la del 3 de mayo, que lanzó otras 29 plazas para catedráticos y 29 para titulares. Eso sí, daba a la Universidad de Granada la oportunidad de anular en el plazo de un mes las resoluciones.
Pero finalmente la UGR no solo no las ha anulado, sino que cuatro días después de concluir el plazo dado por Hacienda procedió a publicar en BOE los nuevos nombramientos de sus profesores.
Fuentes de la Universidad de Granada aseguran que la institución superior no ha hecho ninguna ilegalidad, puesto que entiende que los nombramientos de estos profesores titulares y catedráticos «son promociones internas y no están en juego nuevas plazas». Sin embargo, para proceder a dicha «promoción», las convocatorias reclamadas eran abiertas y no se descartable que docentes de la UGR tengan que competir con personal externo para conseguir la plaza.
En cuaquier caso caso, al igual que otras universidades españolas, la de Granada ha realizado su particular interpretación del decreto del Gobierno y, haciendo caso omiso a la notificación, ha optado por seguir adelante con la convocatoria prevista de plazas.
