La UGR acumula una bolsa de precariedad de 120 personas.
Los 400.000 euros anuales que contempla la partida económica de la Universidad para colaboradores sociales apenas permite que las 120 personas que se engloban en esta categoría cobren unos 3.000 euros al año, cerca de 300 mensuales. Muchos de ellos, con una situación social especial (parados de larga duración, madres solteras, personas con problemas de drogradicción…) llevan más de siete años inmersos en la misma situación laboral pero cubriendo puestos de funcionarios y realizando las mismas tareas administrativas.
Eso sí, no cotizan a la Seguridad Social, ni tienen pagas extras ni antigí¼edad reconocida. Admitimos nuestra situación laboral sin que nadie haya tratado de arbitrar soluciones para este colectivo que desarrolla labores iguales y a veces superiores a la de cualquier funcionario, narran en un escrito que han presentado al rector de la Universidad.
Para muchos de estos trabajadores las perspectivas de futuro se limitan a este puesto en la Universidad ya que con más de 50 años su reinserción en el mercado laboral se antoja complicada. La situación para los mayores de 50 años se agrava ya que no dispondrían de derechos de jubilación al no contar con cotizaciones en los diez últimos años de vida laboral.
La Universidad ha venido utilizando de manera histórica la figura del colaborador social. Hasta ahora ha sido el único mecanismo de sustitución del que ha dispuesto la Gerencia para cubrir bajas laborales o plazas vacantes. Se ha desvirtuado la naturaleza de esta figura utilizándose para cubrir plazas vacantes del Personal de Administración y Servicios (PAS) funcionario llegando a una situación poco deseable, argumentan desde el sindicato CCOO en un escrito enviado al gerente de la institución académica.
Cuando hablan de posibles soluciones a su problema los colaboradores sociales miran al Ayuntamiento. El pasado mes de julio el Consistorio puso en marcha un sistema de contratación tendente a eliminar la figura del colaborador social integrando, en base a los principios de mérito y capacidad, a los trabajadores de este colectivo en una categoría laboral acorde con las funciones que desempeñan. La Universidad no debe mirar a otro lado ya que la adopción de medidas por parte del Ayuntamiento deja en situación de clara desventaja a los trabajadores de la UGR y con un tratamiento manifiestamente discriminatorio, argumentan en su escrito.
Descargar
