«La reforma laboral del PP no pretende crear empleo sino facilitar la destrucción de nueve millones de puestos de trabajo indefinidos, entre ellos 300.000 en la provincia».
El dato fue facilitado ayer por Elvira Ramón, diputada socialista y componente de la comisión de Empleo en el Congreso de los Diputados. Y fue uno de los argumentos que utilizó para rechazar de plano las medidas recientemente aprobadas por decreto ley, pero desde luego no el único.
En su opinión, la reforma «rompe un recorrido basado en el diálogo social y el consenso», supone «un atentado contra el sistema democrático» y «un robo a todos los trabajadores», da un «poder onnímodo» a los empresarios, que ahora pueden «bajarles los sueldos, trasladarlos, suspender sus contratos…», enumeró.
Entre sus muchas desventajas destacó también que a partir de ahora los despidos serán considerados procedentes a no ser que el trabajador demuestre lo contrario, que disminuirán las indemnizaciones y que desaparecerá el trámite de autorización de la autoridad laboral para los despidos colectivos y los expedientes de regulación. «Eso da luz verde para que los ERE también afecte a los empleados públicos», avisó.
«El Real Decreto-Ley pretende dar respuesta a la actual situación de crisis económica introduciendo criterios racionales y lógicos de ajuste en el ámbito de los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público estatal. Las medidas previstas persiguen la estabilidad económica, el interés general y el bien común». Con este preludio, la reforma laboral aprobada ha revolucionado el empleo público, dejando la puerta abierta a los despidos y los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en las administraciones y las empresas públicas.
Las críticas también han llegado desde los sindicatos. No es para menos, teniendo en cuenta que sólo en Granada el texto de la reforma laboral amenaza a más de 61.000 empleados públicos. Según la información facilitada por UGT, actualmente en la provincia hay 61.400 granadinos que trabajan para las administraciones públicas. De ellos, 10.200 lo hacen para la administración central; 31.000, para la Junta de Andalucía; 15.800 para las corporaciones locales; y 4.400 para la Universidad de Granada. Y todos podrían ser, llegado el momento, víctimas.
El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Antonio Camacho, asegura que el Gobierno ha lanzado «un ataque frontal al sector público y a sus empleados», ya que el texto legal «consagra legalmente los ERE en el sector público».
¿Por qué? Porque la reforma asegura que las empresas públicas podrán despedir a sus trabajadores «cuando se produzca una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente». ¿Y qué se entiende por persistente? Pues que se produzca al menos durante nueve meses. Además, la reforma también allana el camino a los despidos cuando «se produzcan cambios de los medios o instrumentos de la prestación del servicio» o «en el ámbito de los sistema y método de trabajo del personal adscrito».
En opinión de Camacho, la reforma da vía libre a la «proliferación de despidos colectivos en el sector público», que se producirá en los próximos meses. «Varios miles de personas que trabajan en la función pública en Granada podrían ser despedidos por las mismas causas que en la empresa privada». Y, teniendo en cuenta la situación de déficit de la mayoría de las administraciones y las constantes críticas a su sobredimensión, eso no augura nada bueno para los trabajadores del sector público.
«La destrucción de empleo público, la amortización de plazas y el despido de interinos y temporales va a ser la norma» a partir de ahora, auguró el secretario general de Servicios Públicos de UGT. Pero sus efectos irán más allá de los propios funcionarios, ya que los recortes «incidirán muy directamente en la calidad y cantidad de los servicios que se prestan».
Precisamente eso destacó el secretario general de CCOO de Granada, Francisco Carbonero. El sindicalista auguró una importante «merma de los servicios públicos» en cuanto las administraciones comiencen a aplicar las herramientas para el despido que pone en sus manos la reforma laboral.
Desde UGT plantean sus dudas sobre la constitucionalidad de la disposición segunda de la reforma que hace referencia al sector público. «Roza la inconstitucionalidad, ya que colisiona frontalmente con los principios constitucionales y es contraria a las estipulaciones legales recogidas en el Estatuto Básico del Empleado Público».