La negativa a denunciar cierra todas las puertas a las víctimas de maltrato
Si no denuncias no te ayudan. No tienes vigilancia policial. No recibes atención psicológica. No cuentas con una asesoría jurídica. No tienes soporte económico. No accedes a los programas de inserción laboral. No dispones de teleasistencia. Y tus hijos tampoco. Desde que entró en vigor la Ley Integral contra la Violencia de Género (2004) denunciar al maltratador es la única llave que abre la puerta a la atención asistencial de las administraciones.
Sin embargo, de 66 mujeres que han sido asesinadas por sus parejas en España en lo que va de año, sólo 12 habían denunciado previamente y contaban con una orden de alejamiento.
«La legislación hace aguas en materia de violencia de género, pues no hay recursos suficientes para dar atención a todas las víctimas», denuncia Francisca Expósito, una de las coordinadoras de las II Jornadas sobre Violencia de Género que organiza la Universidad de Granada y que concluyen hoy. «No se puede aprobar una ley si no se está convencido de que se podrá invertir en los recursos necesarios para llevarla a cabo», sentenció Expósito al tiempo que reclamaba más recursos económicos, judiciales, sociales y de reinserción laboral.
Más de 250 trabajadores sociales, psicólogos, educadores y juristas de toda la provincia de Granada compartieron ayer asiento con los alumnos de estas mismas especialidades en el Aula Magna de la Facultad de Psicología. La mayoría llevan años atendiendo a las víctimas de violencia de género en oficinas municipales, ONG o gabinetes particulares y están desbordados por la cantidad de mujeres que les piden ayuda y no quieren denunciar.
Se preguntan cómo es posible que las cifras de mujeres que mueren a manos de sus parejas aumenten año tras año y el de las asistencias disminuyan. En 2008, 147 mujeres (60 en Granada y 87 en la provincia) solicitaron atención psicológica por maltrato; lejos de las 222 del pasado año y las 237 de hace dos años.
Son muchas las mujeres que piden ayuda, pero pocas las que se atreven a denunciar. «El miedo a la maquinaria judicial y a la reacción del maltratador les impide dar el primer paso», dice el técnico del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), José Luis Díaz.
Los dos últimos asesinatos por violencia de género a manos de un militar de baja y un ex guardia civil ocurridos en la provincia de Granada hicieron que los ponentes de estas jornadas recordasen una máxima: «La violencia de género no está vinculada a ningún colectivo, no tiene clase social ni estatus económico».
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