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La Ley de Dependencia generará 3.000 empleos directos en la provincia

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La Ley de Dependencia generará 3.000 empleos directos en la provincia
En Granada unas 42.000 personas se van a beneficiar de la nueva normativa, que coordina la atención social y sanitaria de los dependientes

S. V.
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granada. La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, aprobada el jueves en el Congreso, generará unos 3.000 empleos en la provincia de Granada. La norma prevé la contratación de cuidadores profesionales, trabajadores sociales y psicólogos para potenciar la atención a las personas dependientes tanto en sus propios domicilios como en residencias especializadas.

Según el director del área de Bienestar y Derechos de la Ciudadanía de la Diputación de Granada, Juan Francisco Delgado, este empleo será coordinado por las administraciones, que podrán concertar las plazas y también requerirá de un cambio en el sistema formativo universitario para formar a los alumnos en esta atención específica, dijo Delgado, que pronunció el viernes la conferencia inaugural del máster de Gerontología Social de la Universidad de Granada.

El director de Bienestar de la Diputación prima los beneficios de la nueva Ley de Dependencia, que en la provincia beneficiará a unas 42.000 personas, el 85 por ciento de ellas mayores.

Para Delgado, en la historia de la democracia esta ley puede ser la cuarta con una repercusión directa en la sociedad, tras la de pensiones, sanidad y educación.

La ley reconoce como derecho la atención social y sanitaria a los dependientes, que se hará de forma coordinada para valorar los cuidados que necesita, como ayuda a domicilio, teleasistencia, centro de día o residencia. La ley presta más atención ahora a los servicios comunitarios para que los dependientes puedan quedarse en sus hogares con los cuidados necesarios ya que el 95 por ciento de los mayores quiere envejecer en su casa. Así, si no tiene el apoyo social necesario puede recurrir a los cuidadores profesionales, dijo.

La norma prevé ayudas económicas a las familias cuidadoras, a las que se les dará formación para que atiendan mejor a su familiar
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