La Junta cree que la sociedad no comparte el rechazo de la Iglesia al caso de Inmaculada.
El presidente de la Junta, Manuel Chaves, afirmó ayer que se toma con tranquilidad y serenidad las críticas de la Iglesia católica acerca de la muerte de Inmaculada Echevarría. Chaves insistió en que desde el punto ético y legal se ha actuado como se debía, a pesar de las críticas vertidas por personalidades eclesiásticas como el arzobispo de Toledo y cardenal primado de España, Antonio Cañizares.
El que fuera arzobispo de Granada ha rechazado con contundencia la retirada del respirador, que ha calificado como una acción de eutanasia o suicidio asistido. En opinión de Cañizares, hay que manifestar el rechazo a tales prácticas, a tanta propaganda que dispone favorablemente a la eutanasia. A este respecto, el presidente del Gobierno andaluz afirmó ayer que las posiciones de algún sector de la Iglesia, del episcopado, creo que no son compartidas por la mayoría de la sociedad ni por la mayoría de los católicos.
Por su parte, el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, mostró su respeto al planteamiento de la Iglesia en el caso de Inmaculada, aunque consideró que su postura no se corresponde con la realidad. Zarrías justificó que el caso no es ni eutanasia activa ni pasiva, una afirmación que no sólo sostiene él, sino que también lo han dicho aquellos organismos que en Andalucía la Ley determina que deben opinar al respecto, que no son otros que el Comité de í‰tica y el Consejo Consultivo.
El consejero sentenció que no se ha producido lo que la Iglesia entiende, respeto el planteamiento, pero creo que no se corresponde con la realidad, zanjó.
Una de las sugerencias lanzadas el día después de la muerte de Inmaculada fue la posibilidad de emprender acciones penales contra los responsables de la decisión o los que la ejecutaron. Ayer, el catedrático de Derecho Penal, Lorenzo Morillas, sostuvo que la actuación de la Junta de Andalucía en este caso no confronta con la realidad penal y se ajusta a las normas estatales y autonómicas.
Morillas, catedrático de la Universidad de Granada, impartió ayer la conferencia Eutanasia desde la perspectiva de un penalista, moderada por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Jesús García Calderón.
En declaraciones a Efe, Morillas dijo compartir el dictamen del Consultivo. Otra cosa distinta son los criterios éticos, morales, administrativos o sanitarios que confluyan en esta circunstancia. La única punición que recoge el Código Penal en relación con la eutanasia es la llamada activa directa, que, aún así, está sancionada con una pena muy disminuida respecto al homicidio, la cooperación al suicidio o el homicidio por petición, precisó.
En su opinión, la actuación de la Junta entra dentro de lo que recogen las normas elaboradas por el Estado y la comunidad autónoma y no confronta ni choca con la realidad penal, porque se basó en la premisa de que no era delito.
Para el catedrático, la cuestión de fondo de este asunto ha sido hasta dónde llega la disponibilidad del bien jurídico vida. En su opinión, la valoración social sobre la eutanasia está más sustentada en motivaciones personales y de conciencia que ideológicas, aunque también influyen.
Por su parte, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, José Antonio Montilla, explicó ayer que la desconexión de Inmaculada se hizo con todas las garantías y en aplicación de la legislación que ampara este tipo de medidas.
Recordó que este acto fue avalado por el Consejo Consultivo y que encaja en la legislación estatal, por lo que subrayó que todo se ha hecho de forma muy garantista.
Polémica. Tras las críticas de la jerarquía católica por la desconexión de Inmaculada Echevarría del respirador que la mantenía con vida, la Administración autonómica defendió que esa postura no se corresponde con la realidad
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