La Fiscalía Superior de Andalucía ha remitido a la Fiscalía General del Estado las diligencias de investigación penal, a raíz de la denuncia interpuesta por un grupo de ciudadanos de Granada contra los autores de diferentes entradas del Diccionario Biográfico Español. Los denunciantes acusaron a la Real Academia de la Historia por vulnerar su obligación de ofrecer una «versión ecuánime» en las biografías publicadas. En el decreto, al que ha tenido acceso Granada Hoy, el fiscal superior andaluz, Jesús Calderón, afirma que estos hechos «exceden completamente de su ámbito de actuación por cuanto afectan a todo el Estado y, más concretamente y en segundo lugar, por su falta evidente de competencia territorial». Además considera el traslado a la Fiscalía General del Estado por la «evidente transcendencia de esta denuncia presentada».
En el escrito, el grupo de ciudadanos encabezado por el profesor de la Universidad de Granada Emilio García Wiedeman -y suscrita por más de 800 ciudadanos-, se demandó la devolución de la subvención de 5,8 millones de euros a través del Ministerio de Cultura para la elaboración del diccionario, la declaración de los denunciados y el secuestro de la publicación.
García Wiedeman aseguró ayer a este diario estar satisfecho con la rápida decisión del fiscal superior y confió en que la Fiscalía General obre con la misma diligencia. Además, el profesor recordó estar dispuesto a llegar a instancias internacionales para impedir cualquier intento de rehabilitación de regímenes que amparen el genocidio. «Si tenemos que llegar a Estrasburgo llegaremos, pero sería vergonzoso para la justicia española. Muchas personas en todo el mundo tienen ya la información de primera mano», explicó.
La Academia defiende el Diccionario Biográfico Español como un proyecto lexicográfico extraordinariamente ambicioso -se inició en el año 1999-, que alcanzará un total de 40.000 biografías y hasta cincuenta tomos de los que han sido editados hasta la fecha más de veinte. La propia Academia afirmó disponer de «colaboradores calificados, de los medios materiales necesarios y de la técnica adecuada para el éxito de un proyecto que significará un notabilísimo avance para la «sociedad del conocimiento». El Diccionario Biográfico Español aún no se encuentra disponible en librerías por falta de distribución, aunque se habrían remitido los ejemplares correspondientes a la Biblioteca Nacional.
Por su parte, los denunciantes consideran que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de difusión de informaciones injuriosas por motivos racistas o referentes a la ideología, así como de difusión de ideas o doctrinas que justifiquen genocidio o la rehabilitación de regímenes que lo amparen. Los denunciantes dicen actuar contra una «burda manipulación» histórica y los autores denunciados se comprometen a «revisar y mejorar, según proceda, las entradas del Diccionario Biográfico Español».
