La apertura de las instalaciones deportivas del Cubillas, empantanada
Las instalaciones del Club Náutico de la Universidad de Granada duermen el sueño de los justos a la orilla del pantano del Cubillas. Tras anunciarse su remodelación en septiembre de 2006 y haber invertido un millón y medio de euros, el edificio permanece cerrado por un fallo en el proyecto. El acceso a la zona linda con la zona de seguridad de la Real Sociedad de Tiro Pichón, lo que inhabilita la entrada al recinto del pantano. Además, tras gastar 300.000 euros más de lo presupuestado en el proyecto inicial, el edificio no cuenta con la equipación necesaria para atender al público.
En 2006, el anterior equipo de gobierno de la Universidad de Granada, con David Aguilar al frente, presentó el proyecto de rehabilitación, realizado por Luis Ceres y cifrado en 1.220.000 euros. La iniciativa contó con el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y preveía, con posterioridad a la construcción del edificio, la mejora de los accesos, condición planteada por la propia CHG, pero el coste de esta partida no se incluyó en el proyecto.
La iniciativa ya fue anunciada en 2005, cuando el propio David Aguilar anunció que «las instalaciones van a sufrir una remodelación para que puedan ser utilizadas con fines principalmente deportivos y docentes».
Una vez concluida la obra, la Universidad de Granada no puede utilizarla por el problema en el acceso, a lo que se une la falta de equipación. Además, no se ha reformado ni la zona del embarcadero, ni el entorno ni las pistas deportivas anexas al edificio.
Para poner fin a la remodelación de la zona la Universidad necesitaría una inversión extra estimada en medio millón de euros. Pero antes de iniciar cualquier proyecto, la institución académica necesita contar con el visto bueno de la Agencia Andaluza del Agua, organismo que sustituye a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Este visto bueno debe traducirse en una ampliación de la concesión de veinte años de la que actualmente disfruta la Universidad, y que expira en 2019. Y diez años se antojan poco tiempo para amortizar la fuerte inversión ya realizada. Este elemento condiciona, además, el que desde la institución se apueste por continuar con la inversión económica, y más aún cuando existen otras prioridades en cuanto a infraestructuras en la Universidad granadina.
Así las cosas, desde la UGR ya se ha solicitado a la Agencia Andaluza del Agua una ampliación de la concesión administrativa. Si la respuesta es positiva, desde la Universidad se sopesa como posible solución al aspecto económico ceder la explotación de la infraestructura a terceros, una empresa privada que remate la infraestructura y concluya definitivamente la remodelación.
Si no se encontrara financiación privada, la Universidad tendría que hacer frente con sus propios recursos a los gastos de la inversión que aún resta por realizar, pero, como consecuencia, la apertura de las instalaciones se retrasaría aún más.
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