De los asalariados por cuenta ajena de la provincia, un 35% trabaja en los servicios públicos · Desde 2006 la Administración ha creado casi 13.000 puestos, mientras que el empleo general se ha reducido un 12%
Esta semana, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, no ha dejado títere con cabeza. Tras su propuesta de importar de Alemania losmini-jobs (contratos de baja remuneración y un máximo de 15 horas de trabajo a la semana), el miércoles puso sobre la mesa la necesidad de despedir a funcionarios, de que el sector público comience a asimilarse al privado empezando por la facilidad para extinguir los contratos de los trabajadores. Según la patronal, la sobredimensión del sector público es un hecho -«parte de los funcionarios o no cumple o no tiene trabajo»- y habría que buscar soluciones para atajar de raíz este problema: la reubicación y la formación son dos opciones viables, pero en última instancia, apuntó Rosell, debería existir la posibilidad del despido.
Las palabras del presidente de la CEOE no tardaron en levantar ampollas y Rosell tuvo que aguantar un aluvión de críticas de sindicatos y políticos. Sin embargo, la opinión de que sobran funcionarios y de que son unos privilegiados está muy extendida y la propuesta del representante de la patronal no es más que una muestra de ello.
Desde luego, el comportamiento del empleo público durante la crisis económica no tiene nada que ver con el que ha experimentado el resto de los sectores. El cuerpo de funcionarios y efectivos de las distintas administraciones públicas se ha incrementado en los últimos años sensiblemente. Los datos de la Seguridad Social desvelan que sólo en Granada el sector público -en el que se incluyen los trabajadores de la Administración Pública, de Defensa y de los Cuerpos de Seguridad del Estado, los de Educación y los de Actividades Sanitarias y Servicios Sociales- ha creado casi 13.000 puestos de trabajo en los últimos cinco años. A finales del año 2006, estos sectores (incluidos en los epígrafes L, M y N de la Seguridad Social hasta 2007 y en los O, P y Q desde entonces) empleaban a 51.835 personas. Cinco años más tarde, la cifra de trabajadores de servicios públicos es un 24,9% superior, con lo que la provincia ha alcanzado los 64.746 empleados públicos.
Poco tiene que ver este crecimiento con el que ha experimentado el conjunto del mercado de trabajo. Desde 2006, la afiliación de trabajadores por cuenta ajena en la Seguridad Social se ha reducido un 11,9%, pasando de los 210.108 empleados en diciembre de 2006 a los 184.938 de la actualidad.
En cualquier caso, al comparar la cifra de efectivos de la administración con el total de trabajadores afiliados en el Régimen General de la Seguridad Social, es evidente que el peso del empleo público en Granada es vital para el mercado de trabajo: de cada diez trabajadores por cuenta ajena, algo más de tres trabajan para la administración. Por matemática pura, por tanto, el despido de funcionarios provocaría de forma directa el incremento de las colas del paro en una provincia en la que la crisis en el sector privado ya ha provocado un aumento histórico de la cifra de desempleo.
El caso de Granada, una provincia donde el sector sanitario y el universitario tienen un peso mayor que en otras zonas del territorio nacional, es quizá especial. Pero, en el conjunto nacional, ¿se puede hablar de exceso de administración, de trabajadores públicos de sobra? Mientras que los empresarios han manifestado en repetidas ocasiones que hay que ‘meterle mano’ a la administración y adelgazarla, los sindicatos lo tienen claro: su respuesta es un rotundo no. En el estudio La defensa de los Servicios Públicos y su reforzamiento en los momentos de crisis elaborado por UGT, el sindicato apunta que España sólo supera a Portugal e Italia en población empleada en el sector público y que el porcentaje de funcionarios sobre el total de población activa está muy alejado de la media europea.
En esta misma línea se manifiesta el catedrático de Economía Pública de la Universidad de Granada Juan de Dios Jiménez Aguilera. «La administración pública española es menor que la de otros países de la Zona Euro. En España por cada cien trabajadores hay alrededor de 14 empleados públicos. Es una cifra al nivel de países como Alemania o Italia, pero muy alejada de Reino Unido (con un 20%), Holanda (28%), Francia (30%) y Dinamarca y Suecia (33%)». Además, según los datos recopilados por Eurostat, tampoco la comparación de los trabajadores públicos con el total de habitantes deja a España en una posición adelantada respecto al resto de países desarrollados. La administración pública española cuenta con 5,5 trabajadores públicos por cada cien habitantes, mientras que en Francia este ratio es de 9 trabajadores y en Dinamarca y Suecia, de 15. «Los datos son los que son. A partir de ahí cada uno puede plantear sus propuestas y su análisis».
El catedrático de Economía Pública aclara que «puede haber ineficiencias en lo público, al igual que las hay en lo privado», pero recuerda que «la crisis económica actual no se ha generado por la ineficiencia del sector público». En cualquier caso, Jiménez reconoce que «habrá que ver qué ineficiencia genera el sector público y analizarla, adoptando mecanismos conjuntos para ver si un servicio lo debe ofrecer el Estado y en qué condiciones». Pero eso no tiene que estar vinculado con el despido de personal.
Además, el experto recuerda que el empleo público es fundamental para garantizar los servicios a los ciudadanos. «Si en España la administración es menor que en otros países europeos es porque el gasto público y los ingresos son menores que la media europea. En España se recauda menos que en los países de la Zona Euro y, por tanto, se gasta menos. Así que aquí se ofrecen menos servicios públicos que los que se ofrecen en otras zonas de la UE», aclara. Y entre esos servicios se encuentran dos básicos: la educación y la sanidad. «Hay muchos casos en los que los gastos no hay que verlos como tal, sino como una inversión. Cuando se habla de educación y sanidad hay que hablar de inversión, porque estos servicios son un elemento capital para el desarrollo».
