Recibieron la providencia del juez Garzón este jueves · Funcionarios del archivo histórico municipal y de Emucesa, así como de la institución docente, buscan la información «con la máxima celeridad»
La ciudad ya desempolva sus archivos en busca del nombre de los fusilados. Legajos, expedientes, registros. Cualquier documento que pueda arrojar algo de luz sobre los desaparecidos a partir del golpe militar de julio de 1936 y la consiguente Guerra Civil será muy bienvenido.
El alcalde, José Torres Hurtado, y el rector de la Universidad de Granada (UGR), Francisco González Lodeiro, dieron ayer a sus funcionarios «orden inmediata» de buscar en los archivos la información solicitada por el Juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, una vez que ambos recibieron la correspondiente providencia a última hora de la mañana del jueves.
En ella, el magistrado solicita los nombres de las personas que fueron enterradas en fosas comunes a partir del 17 de julio de 1936, la fecha y las circunstancias en las que se produjeron los enterramientos y si estas muertes se hicieron constar en algún registro público. También pide la fecha y lugar de nacimiento de estas personas, así como su residencia y filiación.
Dicho y hecho. Los funcionarios del archivo histórico municipal y de Emucesa, empresa que gestiona el cementerio de San José, trabajan a destajo. Según ha explicado el portavoz del equipo de Gobierno local, Juan Antonio Mérida, en los días previos «ya se realizó un estudio prospectivo inicial» de carácter genérico al no estar claros aún los datos concretos requeridos.
En el momento en que se tengan, el Ayuntamiento enviará «la información completa en todos los extremos» al juzgado central de instrucción número 5 de Madrid, indicó. Aunque la providencia no establece ningún tipo de plazo -ya que su naturaleza es únicamente ordenar un procedimiento- el edil aseguró que se trabajará con la mayor intensidad posible para remitir la información «cuanto antes».
Pero el procedimiento no será sencillo, ya que la mayoría de los registros no están informatizados. No menos complicada será la búsqueda en la Universidad, que ya revuelve sus papeles y bucea entre sus fondos para consultar las hojas de servicio de profesores y los expedientes de alumnos en busca de los represaliados de la institución que, por aquellas fechas, estaba formada por unas dos mil personas.
Sobre lo que hasta ahora se ha recopilado, el rector ha explicado que en Granada más de un decena de profesores -entre ellos algunos catedráticos- pudieron ser asesinados tras estallar la Guerra Civil, entre los que se encontraban el rector Salvador Vila, el catedrático de Química Jesús Yoldi o el que fuera vicerrector José Palanco, que además fue alcalde de la ciudad.
Sin embargo, los datos recogidos por el catedrático de Historia Contemporáea y alcalde de Pulianas, Rafael Gil Bracero, podrían ser de gran utilidad. Así, el historiador -que es también vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH)- ha puesto a disposición del rector una lista con los nombres de 5.000 fusilados enterrados en fosas comunes, 4.000 de ellos en Granada y sus alrededores.
Por su parte, el alcalde ya indicó el pasado martes que la información de la que se dispone en los archivos municipales no es mucha, si bien mostró su disposición a colaborar con el magistrado, como también lo hizo el rector de la UGR.
Aunque tanto el gerente de Emucesa, José Antonio Muñoz, como el responsable del archivo municipal, Juan Antonio Fuentes, rehusan hacer declaración alguna al respecto, varios historiadores han indicado a este periódico que el registro de los fusilados que fueron enterrados en camposanto permaneció en las oficinas hasta principios de los años Setenta.
Así, tanto el alcalde de Pulianas, Rafael Gil Bracero, como el hispanista Ian Gibson, consideran que el libro fue retirado por la última corporación franquista. El segundo, además, determina que la desaparición se produjo en 1971. Ambos contemplan la posibilidad de que el registro no fue quemado, sino guardado en algún lugar.
Sin embargo, el primer edil ha asegurado que desconoce si la ciudad tiene o no archivos que especifiquen el nombre de las personas enterradas a partir del llamado alzamiento nacional de 1936 en las fosas comunes.
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