El presidente del TSJA aboga por que existan «mejores filtros administrativos» previos para evitar de esta forma que surjan conductas urbanísticas que luego acaben en procesos judicialesEl organismo ha aumentado más de un 60% su inversión en los últimos seis años
Mientras Málaga está inmersa en la celebración del juicio por presunta corrupción urbanística más importante de la historia reciente, el del caso Malaya, en Granada, juristas y especialistas en la materia están analizando, desde el prisma del Derecho Penal, el fenómeno de las decisiones arbitrarias y las conductas irregulares de los políticos en materia de ordenación del territorio. Y lo están haciendo en un congreso que comenzó ayer en la Facultad de Derecho y que contó con la intervención del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, quien subrayó la necesidad que tienen los jueces de contar con más medios para investigar este tipo de casos, dada la complejidad que entrañan muchos de ellos al tener decenas de imputados y requerir multitud de informes técnicos.
Para el máximo representante de los jueces en Andalucía, es muy importante que los jueces afronten estos procesos con medios suficientes, «pues a veces no lo son y hay que reforzarlos», ya que en causas de tanta enjundia «se necesitan periciales, inspectores de Hacienda, inspectores de otras administraciones, personal de refuerzo y duplicar juzgados».
Del Río, que hizo estas declaraciones antes de intervenir en el congreso, advirtió de que al tener que acudir a personas externas para que ayuden al proceso, éste se dilata a veces, afectado a la rapidez y eficacia que, como recordó, todos esperan de la Justicia.
En cuanto a su conferencia, Del Río la dedicó «a la importancia que tiene la independencia judicial, tanto en el contexto de las jornadas, como en general». Abordó la importancia de la independencia del juez tanto desde un punto de vista funcional, al ser «una virtud personal importantísima para el ejercicio de su función», como desde el punto de vista institucional. Y es en esa segunda faceta donde enmarcó su reivindicación de medios, pues la independencia en este ámbito «tiene una relevancia enorme en multitud de procesos que hoy día están en mente de todos». Así, se mostró a favor de que todas las líneas estratégicas de la Justicia no dependan de terceras personas de la administración, «sino que nosotros podamos tener una cierta cuota de responsabilidad y financiación directa en algunas cosas».
Por su parte, el catedrático de Derecho Penal y director del congreso, Lorenzo Morillas, explicó que, entre los temas que se pondrán sobre la mesa en esta instructiva cita, está la relación entre el Derecho Penal y el Administrativo en materia urbanística, y explicó que hay sistemas, como el alemán, donde utilizando el derecho Administrativo no llegan al Penal, porque el primero soluciona las posibles infracciones urbanísticas. «En España no ha sucedido así y se va hacia un ámbito punitivo cada vez más expansionista», señaló, al tiempo que agregó que ha jugado un papel importante en ello «la proyección que han tenido estos hechos delictivos no sólo en el ámbito de tribunales sino también en el social y económico, en cuanto ha sido un factor importante en la crisis que se vive en estos momentos».
Preguntado sobre la sensación de algunos ciudadanos de que los políticos no acaban realmente pagando sus delitos, Morillas recordó que «cada vez hay más sentencias condenatorias», si bien aclaró que los delitos urbanísticos no conllevan unas penas excesivamente altas. El catedrático ofreció además un dato interesante: que, en general -y no sólo respecto a los delitos urbanísticos-, España es el país de Europa que tienen un porcentaje mayor de internos: con 160 reclusos por cada cien mil habitantes. Sin embargo, en el ranking de comisión delictiva el país se sitúa en los últimos puestos.
Morillas, que resaltó que la legislación española es una de las legislaciones europeas más severas en relación con las infracciones urbanísticas, quiso hacer una advertencia: «que nadie piense que el Derecho Penal es una solución, es una amarga necesidad».
España no tiene unos niveles elevados de corrupción política en comparación con otros países, pero son necesarios, tanto a juicio de Morillas como de Del Río, «mejores filtros administrativos» para impedir que luego surjan conductas urbanísticas como las que están acabando en los tribunales. En este sentido, Del Río destacó que no debe trasladarse a la sociedad una sensación de inseguridad jurídica sobre esta materia, ya que los jueces investigan y se celebran juicios al respecto y no puede concluirse que España sea un país donde «campea» la corrupción, puesto que esa «no es la regla ni la tónica».
El Congreso, que finaliza hoy, ha estado organizado por el Proyecto de Investigación de Excelencia de la Junta, con la colaboración del Departamento de Derecho Penal de la UGR y el Grupo de Investigación «Profesores de Derecho Penal de la Universidad de Granada».
El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha incrementado en los últimos seis años un 60,4% su inversión en programas para mujeres víctimas de trata, al pasar de los 179.000 euros en 2004 a los 287.200 euros en 2010. Esto ha permitido subvencionar en el último año hasta 19 proyectos, según ha informado la directora del IAM, Soledad Pérez, durante la inauguración en Granada del II Congreso de Extranjería y Nacionalidad, que este año va dedicado a La trata de personas con fines de explotación sexual. Según ha señalado la responsable del IAM, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que se ha convertido en uno de los negocios ilícitos «más lucrativos después de las drogas y el tráfico de armas», afecta fundamentalmente a las mujeres, y cada vez más a las extranjeras, ya que el 90% de las mujeres prostituidas es de origen extranjero. La directora ha señalado algunos rasgos comunes en todas las provincias del fenómeno de la prostitución, como el declive de esta actividad en las ciudades, frente al incremento en los polígonos industriales; el aumento del número de locales y, sobre todo, la diversidad de orígenes de las mujeres prostituidas. Si bien no es fácil de contabilizar, Soledad Pérez advierte de que las fuerzas de seguridad y las entidades de ayuda a estas mujeres han detectado en los últimos años un aumento de la prostitución.
