gualdad y bienestar social
Catorce millones de ayuda a discapacitados
EFE
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granada. La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social ha destinado este año 14,7 millones de euros a la mejora y atención de los discapacitados de la provincia de Granada, donde este colectivo de la población supera las 82.000 personas, de las que 35.000 son menores de 65 años.
Así lo manifestó ayer la consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, durante el acto de entrega de parte de esa partida en Granada. En concreto cuatro millones de euros irán destinados a la concesión de ayudas al tejido asociativo y a corporaciones locales para la construcción, reforma y equipamiento de distintos centros de la provincia.
De esta concesión económica se beneficiarán los ayuntamientos de Granada, Moclín, Santa Fe, La Zubia, Loja, Motril, Fuente Vaqueros y Caniles, así como las mancomunidades de la Ribera Baja del Genil, la comarca de Alhama y la Diputación.
Además, más de 2,2 millones de euros de esa subvención que entregó ayer la Consejería de Igualdad y Bienestar Social irán dirigidas a la Fundación Andalucía Accesible, la Asociación Padres de Niños Autistas, Aspadisse, Aprosmo, Frater, Aspace y la Asociación de Espina Bífida, entre otras.
Una de las entidades más beneficiadas será el Consistorio de Granada, que recibirá 45.000 euros tras la firma del convenio y que, según la consejera, es uno de los pocos ayuntamientos andaluces que aún no cuenta con plan de accesibilidad para discapacitados.
Más de 82.000 personas con discapacidad, 35.000 de ellas menores de 65 años, residen en la provincia de Granada, donde hay 36 centros de atención diurna y 22 residenciales para este colectivo con un total de 1.964 plazas.
La visita ayer a Granada de la consejera incluye la presentación del libro Régimen jurídico de las personas con discapacidad en la Unión Europea y en España, una iniciativa de dos estudiantes de Derecho de la Universidad de Granada financiado por la Junta de Andalucía.
El libro describe y analiza el marco normativo actual sobre las personas con discapacidad y pone de manifiesto el volumen de disposiciones legislativas y reglamentarias que hay en las diferentes áreas administrativas destinadas a estas personas desde la Constitución de 1978.
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