«Empezamos a tener también problemas de igualdad a la hora de que nuestros alumnos puedan estudiar o continuar sus estudios, por causa de su capacidad económica». Así de claro lo recoge el Defensor Universitario, Enrique Hita, en su informe anual, referido en este caso a 2013, la incidencia de la crisis económica en la comunidad universitaria. De hecho, la Universidad de Granada, consciente de la dificultad que tienen algunos de sus alumnos para asumir el coste de sus estudios, ha puesto en marcha para este curso iniciativas como el pago fraccionado de los precios públicos en hasta ocho mensualidades y ha aumentado la dotación para el plan propio de becas.
El Defensor, aparte de constatar la mella que los problemas económicos puede hacer en la Universidad, recoge una amplia casuística en los expedientes tramitados, sobre todo planteados por el alumnado (93,6% del total). Una de cada tres reclamaciones tuvieron como destino alguno de los órganos de gobierno de los centros o departamentos, mientras que otro tercio tuvo como destinatarios los órganos generales de gobierno de la Universidad.
«Uno de los problemas que recurrentemente se presentan en mi Oficina es el de la negativa de algunos profesores a realizar pruebas de incidencia a aquellos alumnos que no han podido concurrir a examen en la fecha inicialmente fijada por los profesores por estar cumpliendo una estancia en el extranjero», a lo que Hita recuerda que el alumnado tiene garantizado la realización de cualquier acto académico, incluso si están estudiando en el extranjero.
La movilidad ha traído no pocas reclamaciones. En este sentido, Hita defiende, en relación a cómo debe ‘traducirse’ la nota obtenida, por ejemplo, por un erasmus en el extranjero «que debe buscar la opción más favorable al administrado, dentro siempre de la ley». Además, apunta que «uno de los problemas con los que se encuentran los alumnos cuando vuelven de sus estancias de movilidad en el extranjero es el de la incorporación a su expediente académico de las calificaciones obtenidas» fuera «debe realizarse a tiempo para que puedan programar sus estudios para el curso siguiente».
Otro aspecto en el que entra el Defensor es en cómo deben publicarse las notas. Hita señala que «en una época en que el derecho fundamental a la protección de datos se encuentra quizá excesivamente protegido», las notas «deben ser claras, diáfanas y públicas», esto es, publicitarse con nombre y apellidos. Además, recuerda que «no deben quedarse expuestas, como a veces ocurre, una vez transcurrido el periodo de exámenes».
También examina el derecho a paro académico de los estudiantes -que separa claramente del derecho de huelga-, que, «en ningún caso como un indicador negativo para el alumno a la hora de ser evaluado».
