Alumnos de plan antiguo se quejan de falta de atención del profesorado
Estudiantes de planes a extinguir dicen que algunos docentes les tienen como «un estorbo»
A. A. GRANADA | ACTUALIZADO 25.02.2014 – 01:00
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Imagen de un aula universitaria.
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Uno de los valores que más se ensalzan de estudiar en la Universidad es la riqueza de las vivencias en el campus. Asistir a clase es en parte sinónimo de aprendizaje. Sin embargo, no todos los alumnos de la Universidad de Granada tienen ese derecho. El cambio de las titulaciones -diplomaturas y licenciaturas- al modelo europeo de grados dejó a parte del alumnado dentro de un modelo antiguo en un mapa copado por los estudios de grado.
La solución que se les buscó fue finalizar sus estudios de diplomatura o licenciatura cursando asignaturas sin docencia, únicamente con derecho a examen. En la UGR son unos 6.000 los estudiantes de planes a extinguir y algunos de ellos han mostrado su indignación por su situación a través de la plataforma change.org. Su petición incluye la necesidad de «material, apoyo de profesores, información y accesibilidad de exámenes». En el documento -que se puede consultar en la plataforma de peticiones on line y que va dirigido al rector de la UGR, Francisco González Lodeiro, y a la decana de Ciencias Económicas y Empresariales, María del Mar Holgado-, se expresa el malestar por el trato que algunos alumnos de planes a extinguir han recibido por parte del profesorado. «Se han dado casos de alumnos que han presenciado faltas de respeto e incomprensión por parte de los profesores en numerosas tutorías dando a entender que somos un estorbo para ellos», afirma la petición. «Es incontable el número de correos electrónicos sin contestación, por parte de los profesores de todas las asignaturas», arguye el texto, firmado por el alumnado de los planes en extinción de la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, doble licenciatura en Derecho y Administración de Empresas y licenciatura en Económicas.
El grupo reclama que «el nivel exigido en los exámenes finales debería ser, no inferior, pero cuanto menos, idéntico al del último año de docencia». Se señala, además, que «se aprecia pues una amplia diferencia entre este curso y los anteriores que posiblemente podría haberse solventado con una mayor y mejor comunicación entre el profesorado y el alumnado y un material docente claro y conciso, disponible para todos los alumnos».
La petición ya suma más de medio millar de apoyos en la plataforma change.org, sin embargo, fuentes de la Universidad de Granada aseguran no tener conocimiento de estas quejas.
Desde la Delegación de Alumnos, su coordinador general, Ramón Ricardo Rosa, indica que el lugar idóneo para plantear estas cuestiones son los departamentos, «que son los encargados de la docencia».
Sobre el fondo de la cuestión -las quejas de los alumnos de planes a extinguir- Rosa indica que es un problema de muy difícil solución y que obedece a la dificultad de implantar un nuevo sistema y de acabar con el anterior. Este periodo de tránsito entre las licenciaturas y los grados se da, además, en una época de dificultades económicas que, por ejemplo, dificultan la contratación de nuevo profesorado que pueda cubrir las necesidades de todo el alumnado… «Vaya por delante que todos tienen derecho a una docencia digna», explica el representante estudiantil, que explica que, sin embargo, el profesorado tiene las horas de docencia completa con los grados y que, normalmente, lo que hace es aprovechar el mismo material que se impartía cuando sí había clase pese a que su alumnado sólo tiene derecho a examen. «Lo que no se puede es pretender que sea el profesorado el que haga la adaptación» sin apoyo, explica el coordinador.
Por otra parte, la vicerrectora de Estudiantes de la UGR, Rosa María García, aseguró que en su área no se ha recibido ninguna queja, pero se comprometió a «buscar la mejor solución».
Los estudiantes de planes a extinguir protagonizaron a comienzos de este curso protestas y movilizaciones a causa de la subida de los precios públicos de 20 euros por asignatura a 20 euros por crédito, cambio que encareció notablemente las matrículas. En compensación, el Rectorado convocó ayudas sociales.
