Trabajadores de la Universidad de Granada (UGR) se han concentrado este miércoles en la sede de la delegación provincial de la Junta de Andalucía en protesta por los recortes que tanto la administración autonómica como central están aplicando al personal universitario. Anuncian movilizaciones a lo largo del próximo trimestre, como ya han hecho desde el inicio del curso, y no descartan recrudecer sus protestas ante lo que temen que signifique la privatización de las universidades.
Tanto profesores como personal de administración y servicios (PAS) de la UGR protestan por el recorte del 5% en los sueldos de los empleados públicos decretado por el Gobierno central y la Junta. Su protesta se hará extensiva cada miércoles de este trimestre a las puertas de los centros universitarios. Además, mantienen su «oposición frontal» a la reforma universitaria que «prepara el ministro Wert», ya que temen que sea «peor todavía» que la ley vigente. Pero, especialmente, rechazan que esta reforma signifique «pivatizar las universidades» españolas.
Antonio Oña Sicilia, secretario general de UGT en la Universidad de Granada, explica que han negociado con la gerencia de la UGR que el recorte del 5% «se aplique exclusivamente a los fondos que provienen de la Junta de Andalucía», por lo que a algunos colectivos, como el profesorado funcionario, «ni siquiera les recorten» esa parte de sus sueldos. A otros, como el PAS, «se les recortará parte del sueldo de forma prorrateada» a lo largo del año, a partir del mes de febrero. Sin embargo, Oña matiza que todavía se están negociando los últimos detalles de este acuerdo.
«LA JUNTA NOS HA DEFRAUDADO»
El representante sindical asegura que estos recortes «cargan sobre las espaldas de los empleados públicos» una crisis de la que culpan a políticos y banqueros. «La Junta nos ha defraudado. Esperábamos más de los políticos que están al frente del Gobierno andaluz, que se ha puesto al lado del Gobierno de Rajoy y hace lo mismo que ellos», afirma.
En su manifiesto -que luego han presentado ante la delegada del Gobierno andaluz en Granada, María José Sánchez Rubio-, aseveran que la crisis es «la excusa» que utilizan tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía para «desregularizar, liberalizar y privatizar los bienes y servicios públicos» y que eso convierte a la administración autonómica en «la comparsa» del Gobierno de Rajoy.
Asimismo, añaden que la universidad pública se está viendo atacada desde 2011 con sucesivos decretos cuyas «consecuencias evidentes» son la congelación de plantillas, el aumento de la jornada laboral, el despido libre o el incremento de tasas a los estudiantes, entre otras.
Por todo ello, exigen a la Junta de Andalucía que «apoye a todos los empleados públicos» e insisten en que éstos no son responsables de la crisis, pero sí forman «parte de la solución».
