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Investigadores de la UGR dicen que el decreto no les debería afectar

La situación que en los últimos días están viviendo los investigadores correspondientes a programas subvencionados de la Universidad de Granada (UGR) sigue generando malestar. La reducción de la nómina de diciembre, en su parte proporcional a la paga extraordinaria de Navidad, ha ha encendido la mecha de las protestas y la indignación.

Tras una reunión mantenida este lunes entre algunos de los investigadores de la UGR, estos han comenzado a dar pasos para exigir responsabilidades por la situación a la que parecen estar abocados sin que exista la posibilidad de ‘marcha atrás’.

Así, una de las primeras medidas es la recopilación de firmas de los afectados por la aplicación del Decreto Ley 20/2012, en el que la Universidad se apoya para reducir su paga de diciembre, para la exigir la dimisión de la vicerrectora de vicerrectora de Política Científica e Investigación, María Dolores Suárez Ortega, a la que consideran responsable de la mala aplicación de esta medida extraordinaria, han informado a Granada Digital fuentes de los investigadores.

No obstante, su reivindicación va más allá. El decreto ley aprobado por el Gobierno relativo a la paga extraordinaria de diciembre dice que afectará al personal del sector público definido en el artículo 22. Es en el punto B donde la legislación especifica que esta medida debe aplicarse a «las Administraciones de las comunidades autónomas, los Organismos de ellas dependientes y las Universidades de su competencia».

Pese a ello, los investigadores están convencidos de que ellos no forman parte del personal al Servicio del Sector Público, porque están convencidos se pertenecer al capítulo 6, relativo a las subvenciones y no al 1, de personal. Por ello consideran que no se les debe aplicar el Decreto Ley y, por ende, no descontarles nada de la paga del próximo mes.

La Universidad de Granada se apoya en el punto 2.5 de la normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 14 de julio, que especifica que: «En aquellos casos en que no se contemple expresamente en su régimen retributivo la percepción de pagas extraordinarias o se perciban más de dos al año se reducirá una catorceava parte de las retribuciones totales anuales excluidos incentivos al rendimiento. DIcha reducción se prorrateará entre las nóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley».

La propia vicerrectora, en el comunicado que mandó a los investigadores, ya justificó que la medida no había comenzado a aplicarse antes debido a que estaban recabando informes jurídicos a la espera de que los organismos «concedentes» de las distintas subvenciones aclarasen el criterio a seguir. Esta demora y la falta de información también ha generado el malestar de los afectados, al entender que no solo han sido avisados con pocos días de margen antes de su aplicación (a finales de mes), sino que además se ha hecho de forma incorrecta al perder más del 80 por ciento de su salario diciembre.

Otro de los términos que aspiran a conseguir con el manifiesto que están redactando es el de conocer adónde irá a parar el dinero que les descontarán de sus nóminas de diciembre. Al tratarse de fondos europeos y, por tanto, finalistas, estos no pueden dedicarse a ningún otro capítulo que no sea para el que se concedieron.

Los investigadores lamentan que en otras universidades andaluzas se esté aplicando de otra forma el decreto o que no se les haya consultado la aplicación de la medida.

A la espera de conocer el censo exacto de investigadores afectados, el propio sindicato UGT ya ha ascendido de 600 -dato de CCOO- a 983 el número de personas implicadas en este recorte correspondientes a 20 colectivos diferentes. Este miércoles se desarrollará una reunión entre el sindicato UGT y la vicerrectora para abordar la situación.

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