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Los abortistas presumen de transparencia mientras ‘huyen’ de la prensa

Los abortistas presumen de transparencia mientras \’huyen\’ de la prensa

El presidente del Consejo de Administración de la Clínica Dator, Guillermo Sánchez Andrés, ha solicitado durante su intervención en la subcomisión del Congreso la despenalización del aborto.

Añadió que la tasa de interrupciones voluntarias de embarazos en las niñas menores de edad se ha incrementado más de un 50 por ciento desde 1995.

Sánchez, que compareció a propuesta del PSOE, evitó a la prensa a la entrada y salida de la subcomisión; accedió y salió de la sala por una puerta en la que no estaban los periodistas. Sin embargo, su asistente de prensa dejó un comunicado que recogía las principales propuestas de su comparecencia ante los diputados.

Las propuestas de la Clínica Dator

Según la nota, el representante de la Clínica Dator dijo que la nueva ley debe «eliminar los graves inconvenientes y limitaciones de la actual norma en relación con las malformaciones congénitas», por lo que la nueva legislación «debe adaptarse a los avances actuales de la ciencia en materia de diagnóstico prenatal».

Así, destacó que la mitad de las malformaciones se diagnostican por encima de las 22 semanas, «muchas de las cuales son graves e incompatibles con la vida».

«Se debe garantizar el derecho de la mujer a abortar, asegurando la protección de su salud e intimidad», dijo.

En su opinión, la nueva ley debe «asegurar la equidad territorial de la prestación sanitaria, regular la objeción de conciencia de los hospitales públicos y garantizar la seguridad jurídica de las mujeres y de todos los profesionales sanitarios implicados, «con especial vigilancia del cumplimiento de la Ley de Protección de Datos».

Por último, indicó que la nueva norma debe incluirse «en el marco más amplio de una Ley sobre Salud Sexual y Reproductiva».

El PP denuncia que no ha dado datos de abortos

Tras la intervención de Sánchez, la diputada \’popular\’ Sandra Moneo denunció que el representante de la Clínica Dator «no ha dado datos de cuánto dinero se mueve en estas clínicas ni de cuántos abortos practican».

A la portavoz del PP le produjo «muchísima alarma» las declaraciones de Sánchez en las que aseguraba que cuando un menor acude a una clínica privada para someterse a un aborto «no se requiere la presencia física de los padres y basta con un sentimiento por escrito».

«Es una situación tremendamente grave que genera una gran inseguridad», añadió.

Por su parte, los catedráticos propuestos por el PSOE y PP que comparecieron esta mañana en la subcomisión utilizaron la misma doctrina del Tribunal Constitucional, una sentencia de 1985, para posicionarse a favor y en contra de una posible ley de plazos.

PSOE: La nueva norma sería constitucional

Así, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Francisco Balaguer (solicitado por PSOE), señaló que «es perfectamente lícito desde el punto de vista constitucional incorporar una ley de plazos al ordenamiento jurídico español, en la que se deben mantener los supuestos actuales».

Por el contrario, el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid, Julio Banacloche (PP), afirmó que esta nueva norma «no cabría» en el sistema constitucional español, «ya que iría hacia una desprotección absoluta del nasciturus, cuando el Tribunal Constitucional estableció que éste es un bien jurídico debe protegerse».

A su juicio, la actual ley no produce «ningún tipo de inseguridad jurídica» en las mujeres, por lo que se mostró favorable a mantener la legislación tal y como está.

El PP alza la voz: su postura ante el aborto

La diputada del PP Lourdes Méndez subrayó que su grupo está «en contra de una ley de plazos, del negocio de las clínicas y a favor de la vida», y denunció que la mujer embarazada se ve muchas veces «abocada al aborto porque no se le informa adecuadamente y porque no existen alternativas suficientes».

A su vez, la diputada socialista Carmen Montón indicó que, a la vista de las intervenciones de los comparecientes, «parece que hay un acuerdo unánime en que la ley debe ser modificada», al tiempo que recalcó el «buen clima» de trabajo de la subcomisión.

Por último, la presidenta de la subcomisión, Carmen Calvo, destacó la pluralidad de expertos que han comparecido, y agregó que el tono de las intervenciones de los expertos y diputados «está siendo impecable».

DAV denuncia la presencia del negocio abortista en la Subcomisión

La iniciativa Derecho a Vivir (DAV), creada por la plataforma Hazte Oír, recuerda al Gobierno que una ley de plazos para regular el aborto «sería inconstitucional» si el Tribunal Constitucional (TC) mantiene su doctrina al respecto.

Durante la presentación del avance de su informe jurídico sobre el aborto, el magistrado y miembro del comité de expertos de esta asociación, Carlos Pérez del Valle, explicó que la doctrina del TC «reconoce al nasciturus como un tercero», por lo que establecer un periodo temporal para abortar «estaría en contra de lo que dice su doctrina».

Denuncia que los trabajos de la subcomisión sobre aborto del Congreso «parecen encaminarse a dotar de mayor facilidad a las prácticas abortistas, lo que se reviste del argumento de la necesidad de dotar de más \’seguridad jurídica\’ tanto a las embarazadas como a los centros dedicados a estas actividades».

El Gobierno le «hace el juego a los negociantes del aborto»

La portavoz de la iniciativa, Gádor Joya, criticó que uno de los ponentes en el Congreso haya sido el presidente del Consejo de Administración de la Clínica Dator y acusó al Gobierno de «hacerle el juego a los negociantes del aborto».

Así, dijo que «las personas implicadas en este negocio» no van a expresarse «con objetividad, ya que les va el negocio en ello».

Por su parte, el presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, añadió que los grandes beneficiados de una ley de plazos «no van a ser las mujeres ni los niños, sino los empresarios del aborto» y acusó al Gobierno de «maltratar» a las asociaciones que ayudan a la mujer embarazada.

.Sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985 sobre la constitucionalidad de la ley del aborto
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