educación
Más de la mitad de las universidades andaluzas carece aún de defensor
Esta figura, obligatoria según la LOU, ejerce una función de mediación ante las quejas y reclamaciones de alumnos, profesores y PAS, aunque sus decisiones no son vinculantes
JOSÉ MARÍA DE LA HERA
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Sólo cuatro de las diez universidades públicas andaluzas –Córdoba, Málaga, Huelva y Cádiz– cuentan con la figura del defensor universitario que institucionalizó la Ley Orgánica de Universidades (LOU) en 2001. Tres años después de su entrada en vigor, los estatutos del resto de los centros contemplan su creación, si bien aún no han puesto en marcha el proceso de selección y nombramiento. Es el caso, por ejemplo, de las dos universidades sevillanas (Hispalense y Pablo de Olavide), mientras que en Granada funciona la Oficina del Defensor aunque en la actualidad carece de titular.
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades prevé la creación de la figura del defensor universitario en la estructura organizativa de los centros para velar por el respeto a los derechos y las libertades de los profesores, estudiantes y personal de administración y servicios ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios universitarios. La disposición adicional decimocuarta de la LOU añade que las actuaciones del defensor estarán dirigidas hacia la mejora de la calidad universitaria y se regirán por los principios de independencia y autonomía.
Como muchos centros españoles, las universidades de Córdoba y Huelva se anticiparon al imperativo legal y crearon la figura del defensor antes de la LOU. Así, la Universidad de Córdoba ofrece este servicio a la comunidad universitaria desde 1990, mientras que la de Huelva lo reguló en sus estatutos de 1999 y puso en marcha la Oficina del Defensor al año siguiente. Fueron precisamente estos centros pioneros los que presionaron al Gobierno del PP para que incluyera la figura en la nueva ley, según explicó María Dolores Adam Muñoz, defensora de la Universidad de Córdoba desde el curso 1999-2000.
Generalmente, es el Claustro Universitario el órgano encargado de elegir a la persona que ocupará el cargo de defensor. Eduardo Gamero Casado, defensor de la Universidad de Huelva, explicó que la autoridad moral es una de las principales características que ha de reunir el defensor universitario, ya que sus decisiones nunca son vinculantes, sino que se limita a hacer recomendaciones y sugerencias que, normalmente, las autoridades académicas acogen con mucha predisposición .
Por este motivo, Gamero destacó la importancia de que exista mucho consenso en el Claustro a la hora de nombrar al defensor. En la Universidad de Huelva –puso como ejemplo– la elección requiere una mayoría de tres quintos, lo que supone el respaldo casi unánime de los miembros del Claustro. Más incluso que el nombramiento de rector, apostilló. No obstante, la LOU establece que corresponde a los estatutos de cada universidad establecer el procedimiento para su elección o designación, duración de su mandato y dedicación, así como su régimen de funcionamiento.
Los defensores atienden quejas y reclamaciones procedentes de todos los miembros de la comunidad universitaria: alumnos, profesores y personal de administración y servicios (PAS). Los asuntos varían según el estamento. Así, el alumnado –el que presenta un mayor número de casos– acude generalmente a la Oficina del Defensor por cuestiones relacionadas con la revisión de exámenes y la impartición de la docencia; los profesores suelen plantear conflictos entre docentes de un mismo departamento; y, por último, los miembros del PAS se quejan de sus condiciones laborales.
La figura del defensor ejerce también una importante labor de asesoramiento legal sobre los procesos administrativos. Muchos alumnos acuden en demanda de información sobre normativa, derechos y obligaciones, dijo la defensora cordobesa. Precisamente, estos casos son los más numerosos y se cuentan por cientos, apostilló su colega de la Universidad de Huelva.
Alrededor de 60 defensores de todo el país se reunieron la semana pasada en Palma de Mallorca en el transcurso del VII Encuentro Estatal de Defensores Universitarios, durante el cual analizaron una propuesta de código ético que sirva de referencia para todos los centros.
