Es uno de los datos que deja el fiscal general de Andalucía en la última jornada del encuentro sobre inmigración ilegal de los cursos de la Universidad Andaluza
García Calderón, que fue uno de los ponentes destacados de este encuentro dirigido por el presidente de la sección algecireña de la Audiencia Provincial, Manuel Gutiérrez Luna, hizo alusión a estos datos de un estudio de la fiscal coordinadora de violencia de género en Andalucía en colaboración con un grupo de la Universidad de Granada. Destacó que la única forma de combatir esta situación pasa por la integración social de las indocumentadas.
El fiscal general de Andalucía resaltó que «la legislación española ha tomado conciencia de la necesidad de dar un estatus propio a la mujer víctima de este tipo de violencia. De esta manera hizo referencia a la reforma judicial de 2009. «Resultaba llamativo que en la Ley Orgánica de 2004, prácticamente, no había referencias a la mujer extranjera». Es por lo que dijo que se se siente satisfecho ante la creación del plan de atención de 2009, «en el que la violencia de género en población extranjera inmigrante empieza a abordar este problema».
Afirmó que se trata de un fenómeno en el que hay pocos datos que permitan conocerlo con profundidad. «Es un elemento decisivo para poder afrontar la situación con autoridad y eficacia». No obstante, insistió en que de las 271 víctimas que fallecieron entre 2003 y 2008 por esta violencia, 97 de ellas eran de procedencia extranjera.
Esta cifra ha continuado ascendiendo desde 2005 y se prevé que siga incrementando, «lo que se suma a las limitaciones y dificultades que la mujer extranjera sigue teniendo a la hora de denunciar». Recordó que de las órdenes de protección solicitadas en España, el 35% son de inmigrantes.
El magistrado Manuel Gutiérrez Luna se mostró satisfecho por haber tocado todos los temas en profundidad durante el desarrollo de este encuentro, que comenzó el lunes y que acabó ayer. También resaltó el gran interés que suscitó entre los alumnos. En Inmigración ilegal: cooperación judicial en el ámbito de la comunidad europea, diferentes expertos en la materia analizaron temas como la situación de los matrimonios de conveniencia para estudiar cuáles son los medios que el estado español está poniendo para intentar impedir que se celebren.
