violencia de género
La mujer también es una ciudadana
joaquín pino
presentación. Ana Rubio (dcha.), momentos antes de iniciar su conferencia.
AMAYA LANCETA
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cádiz. No se puede erradicar la violencia de género si no existe un reflejo de la igualdad en la educación –sólo se estudia a los hombres sabios–; en la sociedad –la mayoría de las mujeres de fama se conocen por cuestiones frívolas–; en la familia –cállate, que viene tu padre–. Y eso no es sólo tarea de los poderes públicos. Así de contundente se mostró Ana Rubio, profesora de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Granada, que ayer pronunció su reflexión en Cádiz en el marco de las conferencias programadas con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Más de 100 mujeres y algunos hombres, de asociaciones de féminas de toda la provincia y colectivos sociales de Cádiz, acudieron ayer a las charlas organizadas por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y la Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Se trataba de sacar a la luz ideas y actitudes latentes en la sociedad que discriminan a la mujer respecto al hombre. Se pretendía explicar qué aspectos positivos y cuáles negativos tiene la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género. Ana Rubio y Juana Gil, también profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad de Granada, fueron las encargadas de exponer estas cuestiones. Ambas han colaborado con el IAM en la elaboración del Análisis Jurídico sobre este tema, como coordinadora y como coautora, respectivamente.
Juana Gil calificó la ley integral como un primer paso muy importante. Reconoció que es demasiado pronto para valorarla a fondo: fue aprueba el 28 de diciembre de 2004, se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 29, los tres primeros títulos entran en vigor al mes siguiente y los dos últimos, que eran más complejos y más problemáticos, se ponen en marcha seis meses después de la publicación en el BOE. Aunque sí aportó un aspecto positivo de esta norma jurídica: eleva a categoría de derecho fundamental el derecho de las mujeres a vivir en paz. Para Gil, esto significa que la legislación deja de considerar a la fémina como una víctima para tratarla como una ciudadana.
En ese camino hacia el reconocimiento como ciudadana, Ana Rubio comentó que los poderes públicos tienen el deber de remover los obstáculos para que la igualdad entre mujeres y hombres sea real. Esto implica la puesta en marcha de medidas de acción positiva, de actuaciones para eliminar los privilegios de unos grupos sobre otros: si las mujeres parten de una posición de desventaja, los profesionales del derecho, especialmente los jueces y juezas, deben tener en cuenta esta situación en la aplicación de las leyes.
Ana Rubio aportó una serie de datos que demuestran la realidad en los juzgados. Cuando recopilamos datos para el Análisis jurídico descubrimos que sólo el 10 por ciento de los denuncias por malos tratos terminaba ante un juez. El resto se perdía por el camino. Había juzgados que dejaban libre al 100 por cien de los agresores. Los más sensibles dejaban en libertad al 70 por ciento. Y las sentencias condenatorias calificaban de falta la acción y no como delito, explicó esta experta en Igualdad. No es que no tuvieran instrumentos, sino que no los aplicaban bien, sentenció. A esto tampoco ayudaban los estereotipos y la idea de que estos actos eran un tema privado, algo normal, en algunos casos. Por eso, es importante su formación en las universidades para que rompan con los estereotipos, dice Ana Rubio. Pero va más allá: el juez o la jueza debe tener una idea firme y científica de lo que significa la discriminación, de la violencia de género, por lo que debe contar con un discurso feminista, una perspectiva de género, para atender a la verdadera realidad.
Sin embargo, ¿está todo solucionado con la implicación de la justicia?. Porque el derecho no puede implantar la igualdad cuando los comportamientos discriminatorios forman parte de la vida cotidiana: las prácticas se modifican, incluso se vuelven sutiles. Una mujer muerta a manos de su pareja es lo que obliga a los poderes públicos a no abandonar la lucha por la igualdad. Pero detrás de esto existe mucho más. Hay gritos, insultos y falta de respeto. Hay incomprensión, miedo y sufrimiento. El problema está enraizado en la sociedad, en la cultura, en la educación. No se puede explicar a los niños y jóvenes que hombres y mujeres son iguales, cuando en una familia sólo se respeta la autoridad del padre. Cuando sólo se incluyen en los programas educativos los logros de los hombres en la filosofía, en la ciencia. Cuando no se menciona las aportaciones femeninas a la historia. Para arreglarlo está el Estado. Y los ciudadanos, sobre todo.
