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La deuda de la Universidad con las entidades financieras ascendí­a en 2003 a 56,1 millones de euros

– La deuda de la Universidad con las entidades financieras ascendí­a en 2003 a 56,1 millones de euros.

La deuda de la Universidad de Cádiz con entidades financieras ascendió en 2003 a 56,1 millones de euros, según el informe de fiscalización emitido por la Cámara de Cuentas de Andalucí­a referente al ejercicio 2003, donde destacó el alto grado de ejecución de los ingresos, con un nivel de ejecución del 156,2 por ciento, mientras que para los gastos el nivel de ejecución fue del 84,7 por ciento.

Según dicho informe, al que tuvo acceso Europa Press, en julio de 2003 se firmó un convenio entre la Junta y las universidades andaluzas para el saneamiento de la situación financiera de las últimas, aunque al 31 de diciembre de ese mismo año, la UCA mantení­a una deuda con entidades financieras por importe de 56,1 millones, un importe que «se encontraba dentro del lí­mite autorizado ».

Este informe se ha realizado en el marco de fiscalización que sobre el conjunto de las universidades públicas, la Cámara de Cuentas y se ha llevado a cabo en coordinación con el Tribunal de Cuentas y el resto de Órganos de Control Externos (OCEX) de las comunidades autónomas.

El presupuesto inicial de la Universidad de Cádiz del ejercicio 2003 fue de 123,8 millones de euros, un 2,6 por ciento menor que el del ejercicio anterior, y resultó modificado a lo largo de dicho ejercicio en un -0,05 por ciento (-65,9 millones), algo menos que en el ejercicio anterior, lo que darí­a un presupuesto definitivo de 123,7 millones de euros.

El informe destacó que el grado de eficacia en la recaudación del presupuesto corriente fue del 79,8 por ciento, mientras que el grado de cumplimiento de los pagos fue del 83,9 por ciento.

Asimismo, también indicó que el periodo medio de cobro de los ingresos relativos al presupuesto corriente se encuentra en torno a los 74 dí­as y el de presupuestos cerrados en los 56 dí­as. En cuanto a los gastos, sus pagos se vinieron realizando con un plazo medio de 59 y cinco dí­as para el presupuesto corriente y para presupuestos cerrados, respectivamente.

La Cámara de Cuentas indicó en su informe que en los departamentos de la Universidad examinados «es común la falta o escasa representación de los alumnos en los consejos ».

Destacó que las cuentas anuales, «salvo un reducido número de estados o informes », contienen toda la información preceptivamente exigida y se rindieron en el plazo legalmente establecido.

No obstante, la Cámara de Cuentas indicó que la universidad aprobó y publicó «con notable retraso », en concreto 265 dí­as, el presupuesto de 2003, «no constando la elaboración y aprobación de su programación plurianual ». El informe indicó que tampoco dispone de un plan anual de las actuaciones a realizar en el ejercicio como documento previo o de base para la elaboración de las memorias de actividad.

Asimismo, apuntó que el presupuesto, aprobado por 123,8 millones, contení­a 19 millones en concepto de remanente de tesorerí­a del ejercicio anterior, como fuente de financiación, «pese a que dicha magnitud arrojara un resultado de -37,6 millones », de forma que la universidad inició el ejercicio «con un déficit de su capacidad financiera por valor de 56,7 millones ».

También se tramitaron 13 expedientes de modificaciones presupuestarias, de los que nueve fueron aprobados en el ejercicio 2004, «obviando la excepcionalidad que sobre ello se establece en las normas internas », apuntó el informe de la Cámara de Cuentas.

NíšMERO DE CENTROS, EMPLEADOS Y ALUMNOS.

En el ejercicio fiscalizado esta universidad contó con 15 centros de enseñanza reglada (nueve facultades, dos escuelas técnicas superiores y cuatro escuelas universitarias), 66 departamentos, dos centros para la obtención de tí­tulos propios, dos institutos de investigación y cinco centros adscritos.

Esta universidad tení­a en ese ejercicio 17.964 alumnos matriculados en enseñanza oficial y en centros propios y en ella trabajaban, a 31 de diciembre de 2003, 2.212 trabajadores, a los que se añaden 111 personas más que realizaron actividades en régimen distinto a funcionario o contratado laboral, como fue el personal becario dedicado a la investigación.
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