El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) traslada este viernes a la Autoridad Portuaria de Sevilla su propuesta sobre el proyecto de dragado del río Guadalquivir y su impacto en el Parque Nacional de Doñana tras haber estudiado el informe científico ‘Propuesta Metodológico para diagnosticar y pronosticar las consecuencias de las actuaciones humanas en el estuario del Guadalquivir’ y las consideraciones del mismo realizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sobre el mismo.
La cita, anunciada este pasado miércoles por la ministra del ramo, Rosa Aguilar, reunirá en la sede ministerial en Madrid, según ha informado el Puerto de Sevilla a Europa Press, a la secretaria de Estado de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Teresa Ribera, con el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Manuel Fernández, y otros directivos de ésta con el objetivo de poner sobre la mesa el estudio pormenorizado del informe y las iniciativas sobre este proyecto del departamento de Aguilar.
De esta manera, se conocerá cual es la primera postura que toma el MARM tras meses de debate, en los que tanto el informe científico elaborado desde el 2008 por las Universidades de Granada, Córdoba y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sobre el estuario y el dictamen de la Comisión Científica a raíz de este estudio apuntan que el dragado de hasta ocho metros de profundidad que pretende llevar a cabo el Puerto de Sevilla en el estuario del río Guadalquivir repercutiría «negativamente a la dinámica, morfología y biodiversidad del estuario y por tanto de Doñana».
Según el estudio ‘Propuesta metodológica para diagnosticar y pronosticar las consecuencias de las actuaciones humanas en el estuario del Guadalquivir’, coordinado por el catedrático de la Universidad de Granada Miguel Ángel Losada y el investigador del CSIC Javier Ruiz Segura y al que tuvo acceso Europa Press, la dinámica mareal «no es capaz de mantener el calado menos seis, por lo que tendrá menos capacidad de hacerlo con el menos ocho y será necesario realizar labores de mantenimiento».
El informe no sólo desaconseja la ampliación del dragado desde los 6,5 metros de profundidad de la actualidad hasta los ocho, sino que también advierte que el sistema de riego del arrozal, el levantamento del dique del río y la construcción de nuevas instalaciones en la margen izquierda de la desembocadura del río «afectarían a los factores críticos y sus consecuencias».
Por otro lado, el dictamen de la Comisión Científica, coordinada por el profesor de la Universidad de Almería Hermelindo Castro, concluía que el proyecto «no es recomendable» en la situación actual, por repercutir negativamente en la dinámica, morfología y biodiversidad del estuario y por lo tanto de Doñana, por no mejorar la situación frente a procesos extremos como turbidez y salinidad y limitar severamente la capacidad de minimizar su duración y sus efectos».
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE 2003
Por su parte, la Autoridad Portuaria de Sevilla, que ha manifestado su desacuerdo con el dictamen de la Comisión Científica, se remite a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) emitida por el Ministerio de Medio Ambiente en 2003 para defender la viabilidad del dragado. «Nos ceñimos a la DIA de 2003, que es la guía de todas las actuaciones que se han llevado a cabo hasta ahora», han aclarado a Europa Press fuentes del Puerto de Sevilla, que dicen no estar de acuerdo con el dictamen de la citada Comisión.
En este sentido, la Cámara de Comercio de Sevilla ha apoyado de forma unánime la acometida del dragado del río Guadalquivir al considerar que si éste no se lleva a cabo la ejecución de la nueva esclusa, cuyo coste ha ascendido a mas de 170 millones de euros, quedaría «incompleta». Asimismo, ha puesto de manifiesto que «el dragado del río es una obra necesaria para la dinamización económica de Sevilla y de su área de influencia; en la actualidad, más de 25.000 empleos dependen de forma directa o indirecta de la actividad portuaria».
En este contexto, el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, ha indicado en varias ocasiones que la postura del Gobierno andaluz al respecto es la del «dragado sostenible», es decir, la de que sea un «dragado adecuadamente hecho y con una gestión integral del estuario y su entorno». En este sentido, ha ampliado que desde la Administración autonómica apuestan «proteger y conservar un espacio frágil y un ecosistema especialmente sensible, y hacerlo desde parámetros de sostenibilidad».
La postura de las distintas organizaciones ecologistas con respecto a este proyecto es unánime. Así, Ecologistas en Acción considera «una barbaridad» el posible dragado del Río Guadalquivir, pues cree que «solo favorece económicamente al Puerto de Sevilla, tras las inversiones impresionantes de la nueva esclusa». WWF España, por su parte, afirma que aprobar el dragado del río Guadalquivir con el conocimiento científico del que se dispone, y que evidencia «sus graves consecuencias» sobre Doñana, el estuario y la costa, sería «una gran irresponsabilidad».
En esta línea, también han manifestado su oposición al dragado la Federación de Arroceros de Sevilla, advirtiendo de que el proyecto no beneficia a las zonas de arrozal por consecuencias como «acumular una mayor cantidad de barro», por lo que, a su juicio, es «imposible que sea sostenible».
